El esperado rechazo de los partidos políticos a los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno socialista provocarán una serie de consecuencias como son un bloqueo a las ayudas sociales, que se realicen menos inversiones y que haya menos dinero para las autonomías, entre otros problemas.

Se rechazaron estos Presupuestos por la falta de apoyos

Este mismo miércoles ha tenido lugar el rechazo al proyecto presentado por el Gobierno de los Presupuestos Generales del Estado 2019. Un golpe duro para Pedro Sánchez que podría verse obligado a desencadenar un nuevo proceso de elecciones a lo largo de los próximos meses (incluso, algunos medios de comunicación hablan de semanas).

Además de los problemas que conllevaría no poder sacar adelante unos Presupuestos, en el caso del Ejecutivo actual se encontrarían con que deberían trabajar con los Presupuestos aprobados a lo largo del 2018, que fueron elaborados durante el Gobierno de Rajoy y que se prorrogaron desde el pasado mes de enero. En este caso, el problema radicaría en que habría menos poder de gasto, por lo que el Gobierno no tendría la capacidad necesaria para poder emprender nuevas inversiones, contratar personal o realizar nombramientos.

Con dicha prórroga, lo único que logró el equipo de Gobierno fue llevar a cabo unas políticas a través de decretos, pero no tiene el dinero suficiente para poder llevar a cabo la financiación y tendrá que mantener las políticas del gobierno que les procedió. Eso sí, hay gastos anuales que el Gobierno tiene que mantener como son los sueldos de los funcionarios o realizar los pagos correspondientes de la deuda.

Los presupuestos que habría querido aprobar el Gobierno tenían la cifra más alta de ingresos en historia de la democracia, con la cifra de 227.456 millones de euros, utilizando una serie de técnicas fiscales que todavía no se han podido poner en marcha.

La tasa Google o la tasa Tobin no eran bien recibidas por los mercados

Según Raymond Torres, el actual presidente de Coyuntura y Economía Internacional de la Fundación de las Cajas de Ahorros (las siglas, FUNCAS), se estaba cometiendo un error ya que no se podía seguir adelante con la idea de subir los tramos del IRPF y con los nuevos impuestos que había planteado el gobierno como son la tasa Google (dirigida a las compañías del sector tecnológico internacional) o la tasa Tobin (a las transacciones de tipo internacional).

El Gobierno tendría que tramitar cada uno de los anteriores impuestos como si fuera una ley.

También, el AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Económica y Financiera) avisaba al Gobierno que las cuentas eran demasiado optimistas en cuanto a los ingresos que se iban a conseguir. Si se seguían los presupuestos anteriores, estos ingresos serían imposible.