El gobierno de Pedro Sánchez y Podemos han llegado a un acuerdo para variar la normativa de los precios de los pisos y apartamentos en régimen de alquiler a partir del año 2019. Se enmarca dentro de una estrategia social que tiene como objetivo preservar los intereses de los arrendatarios ante la escalada abusiva en los precios de alquiler. En especial, en ciertas zonas de las geografía española, como por ejemplo, Madrid, Barcelona o el País Vasco; donde las ofertas de estas viviendas superan los 700 euros al mes.
Lo más llamativo de esta medida es que serán los propios ayuntamientos los que limitarán el precio de las viviendas en alquiler.
Algo que hasta ahora no era probable debido a las limitaciones de la normativa que regula los precios de esta propiedad individual.
Este plan de choque, que pretende incrementar las garantías de los inquilinos, viene acompañado por el aumento del 38% del presupuesto que estará destinado para viviendas y que se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que están negociando PSOE y Unidos Podemos. Ante las advertencias de buena parte de los analistas financieros de que pueda estar generándose una burbuja en el sector de la vivienda.
El gobierno pretende pinchar la burbuja del alquiler en España
En el comunicado que han emitido el PSOE y Podemos a los medios de comunicación se incide en que esta medida va encaminada a “blindar su función social y evitar la especulación”. Además, se produce en un momento muy puntual donde el desajuste entre el precio del alquiler y los salarios de los trabajadores españoles es más amplio que nunca con el riesgo evidente de que en cualquier momento pueda darse una burbuja en el sector inmobiliario y que repercutiría en toda la economía nacional.
Este es otro de los escenarios que desea evitar el ejecutivo de Pedro Sánchez.
Los precios estarán regulados con un índice de precios de referencia
El compromiso para que los ayuntamientos españoles puedan regular el precios de los pisos en régimen de alquiler permite que los municipios puedan eliminar las trabas para “el disfrute de una vivienda a un precio razonable" y, con ello, el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda.
Para ello, los ayuntamientos contarán con un índice de precios de alquiler de referencia de acuerdo a una metodología objetiva y sujetos a revisión periódica, que tendrá como principal objetivo que no se generen los precios tan altos que se están ofertando en estos momentos.
