En Cuba el sistema fiscal resulta peculiar, ya sea por el predominio de empresas estatales o la existencia de un sistema centralizado de planificación nacional. En medio de las adversidades las normas a nivel empresarial son estáticas: rigen no solo lo que se debe producir, sino también los recursos disponibles para cumplir esos planes, los precios de comercialización y las entidades con a las que se venden los servicios.
La planificación centralizada pone en un segundo plano las funciones de asignación, distribución y estabilización atribuidas comúnmente a la política fiscal.
Entonces imponer un impuesto sobre la renta no implica una afectación en los niveles de inversión y producción.
La distribución de los ingresos y el sistema impositivo pierde importancia ante el control directo del gobierno, pues este tiene la facultad de variarlo y tomar decisiones sobre los salarios y los precios de los bienes de consumo. En algunos casos ha llegado hasta optar por la provisión gratuita de servicios y el racionamiento del consumo que se vuelve un poco contradictorio con los impuestos.
La oferta y la demanda, determinan otro tanto en la poca factibilidad en el ciclo económico, pues la primera no es capaz de responder a la dinámica de la segunda, haciendo pocos significativos los impulsos expansivos de la política fiscal y monetaria.
De igual manera ocurre con la asignación y distribución de los recursos: el gobierno lo hace directamente y los impuestos no constituyen el sustento de las operaciones, y a la vez el presupuesto del Estado pierde relevancia y se hace difuso su límite con el presupuesto empresarial.
En este contexto se hace evidente que el sistema tributario se ha convertido en un mecanismo formal con motivos meramente contables.
De acuerdo con las cifras oficiales los ingresos públicos representan aproximadamente el 67% de PIB del país, por ciento que refleja la capacidad financiera del gobierno en términos de presupuesto; pero que no determina el límite de la influencia real de este.
Más del 90% de la recaudación por impuestos directos proviene de las empresas estatales; sin embargo estas carecen de la autonomía en la toma de las decisiones, en su lugar el propio sistema de planificación es el que contabiliza el monto y cuál será su destino.
La recaudación del impuesto sobre ingresos personales aplicado a los cuentapropistas y campesinos privados, en el 2012 representaba solo el 2%; y los indirectos el 33% del total de los ingresos del país. Esto no implica que subsistan problemas de evasión a pesar de haber incrementado su implicación en el crecimiento de la macroeconomía con la apertura actual.
El tema se hace más complejo si se añaden a los aspectos analizados la existencia de un mecanismo paralelo al presupuesto oficial en pesos, donde se administran los recursos en divisas del sector público y desde el que se realizan las transferencias bancarias (de las empresas hacia el destino que determine como prioridad el Plan central); y la abundancia de operaciones cuasifiscales, donde se incluyen los subsidios y los impuestos implícitos a través de precios distorsionados.
La economista Saida Pons Pérez lo explica en su artículo Hacia una nueva fiscalidad en Cuba: "En una economía "hecha a mano", como es de esperar, las posibilidades de realizar operaciones cuasifiscales tiende casi al infinito, si bien el caso más debatido hasta el momento ha sido la imposición de un tipo de cambio sobrevaluado para el sector empresarial."
Las esperanzas están puestas en este 2014 en el establecimiento de un límite para el rendimiento de la inversión estatal y la posibilidad de que la empresa se quede con la depreciación y la amortización de sus activos fijos. Se sumará a esto el encargo estatal que permitirá a las empresas las ventas a precios del mercado las producciones no contratadas por el Estado y convertirá a los impuestos en un instrumento activo de regulación.
