Alberto Casero, diputado del Partido Popular (PP), fue citado por el Tribunal Supremo a razón de la investigación por los contratos que ha firmado cuando fue alcalde de Trujillo (Cáceres). Casero tendrá que comparecer ante la justicia el lunes 20 de junio, un día después de la celebración de las elecciones autonómicas en la comunidad de Andalucía.
Alberto Casero es investigado por su condición de aforado
Andrés Palomo, magistrado e instructor de la causa abierta en la Sala de lo Penal, fue el encargado de citar al diputado del PP luego de que el juzgado de Primera Instancia del municipio español de Trujillo elevase al Tribunal Supremo unos documentos donde se detalla que Casero podría haber cometido un delito de prevaricación administrativa cuando desempeñaba su cargo como alcalde de Trujillo.
Según la información de varias fuentes jurídicas, el parlamentario está siendo investigado por algunos contratos y acuerdos de servicios que habría firmado entre 2017 y 2018. La evidencia presentada ante el Supremo señala que los contratos en los cuales figura Alberto Casero como el principal responsable de que esos documentos se hayan acordado, no habrían pasado por el proceso administrativo regular. Esto derivó en el pago de numerosas cantidades de dinero sin previo aviso al Ayuntamiento, como así también la nula presentación de informes obligatorios.
Las contrataciones que habría hecho Casero sin comunicar al Ayuntamiento
Hace cinco años, el parlamentario del Partido Popular supuestamente contrató a un psicólogo pero se lo habría escondido al Ayuntamiento de Trujillo.
El otro caso de investigación es la presunta firma de Alberto Casero en un convenio con el máximo responsable de la Cámara de Comercio de Perú en España.
En dicho acuerdo, el diputado habría comprometido al Ayuntamiento de Trujillo a pagar, aproximadamente, unos 25.000 euros sin que el documento fuera aprobado con antelación y sin notificarlo para que sea publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Otro contrato que investiga el Supremo es uno firmado también en 2017 con la Asociación Cultural Bon Vivant, donde supuestamente se compromete a pagar 18.000 euros a un evento organizado por la mencionada organización.
Los últimos dos acuerdos donde no se habría llevado a cabo el procedimiento administrativo correspondiente fueron firmados en 2018.
El pago de 14.303 euros a Icaro Consultores en Comunicación para realizar un acto y un convenio con Radio Interior S.L. – pago mediante de 15.000 euros – para el requerimiento de sus servicios para promocionar la Feria del Queso de Trujillo.
Casero comparecerá el 20 de junio ante el Tribunal Supremo
El parlamentario está citado a declarar, de manera voluntaria, dentro de un mes o en todo caso la justicia se verá obligada a enviarle una solicitud al Congreso de Diputados de España un suplicatorio para poder tomarle la declaración correspondiente. Casero también está imputado de cometer un delito de malversación de caudales públicos.
