Los errores de la conocida como Ley del ‘solo sí es sí’ continúan. Un excarcelado gracias a la reducción de penas que ha implicado la mencionada Ley estaría estudiando la posibilidad de solicitar una indemnización al Estado por haber estado tres años en la cárcel. Este caso, que ha tenido lugar en Madrid, es el de mayor rebaja de pena, tras tener lugar las controvertidas revisiones, que se conoce. Mientras la Fiscalía había solicitado un total de 40 años para el preso durante el juicio, los magistrados han considerado que su abuso ha quedado ‘despenalizado’.
Este profesor salió a la calle el mismo día que entraba en vigor la 'Ley del solo sí es sí'
El goteo de pederastas y violadores que han visto reducida su condena gracias a la Ley del ‘solo sí es sí’ es incesante. Ayer mismo se hacían públicos tres nuevos casos: uno en Galicia y dos en las Islas Baleares. Al reducir las penas de tres a dos años, los tres hombres han podido salir a la calle.
Pero el caso más llamativo ha tenido lugar en Madrid: un profesor que había sido juzgado por la Audiencia Provincial de Madrid y, aunque la Fiscalía había llegado a pedir 40 años de cárcel por los abusos, ha visto como su condena se ha reducido de seis años y medio a tan solo un año y pocos meses. El mismo día que la polémica Ley del Ministerio de Igualdad entró en vigor, él salió a la calle.
Este hombre no fue condenado por corrupción de menores al haber pagado a los alumnos
Finalmente, los jueces han tenido que fulminar el delito por el que el hombre estaba en prisión, una agresión continuada realizada a tres menores de 16 años, ya que consideran que con la nueva valoración del Código Penal -que ha eliminado el término ‘engaño’- el supuesto que fue la base de la acusación ya no existe.
Ahora su abogado está valorando solicitar una indemnización al Estado por haber permanecido en prisión provisional durante tres años.
El escrito por parte de la Fiscalía es duro. En el mismo, se describen toda clase de abusos sexuales a los menores a los que, en varias ocasiones, les pagaba por dejarse hacer fotografías de índole sexual o a cambio de que les entregase un preservativo usado.
En total, el Ministerio Público había recopilado el testimonio de diez estudiantes y había solicitado una pena superior a los 40 años de prisión. El Tribunal, finalmente, no le condenó por corrupción de menores (se consideró que no había delito al haber realizado pagos económicos).
A pesar de ser numerosos los episodios que relatan los estudiantes, finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid decidió no aplicar la mayor parte de los delitos que habían sido solicitados por el Ministerio Público y solo recibió una condena de seis años y nueve meses. Pero su abogado, incluso antes de entrar en vigor la mencionada Ley, consideró que tenía que ser revisada la pena y alegó que la principal causa por la que su cliente había sido condenado ya estaba destipificada.
Según la Ministra de Igualdad, Irene Montero, estos casos no iban a suceder y solo era 'propaganda machista'.
Según su abogado defensor, Álvaro García-Olay, su cliente fue excarcelado justamente el día que la Ley entraba en vigor, casi en paralelo a que enviasen su respuesta. Eso significa que la Audiencia ya había tomado esa decisión. Ahora, teniendo en cuenta la jurisprudencia, se plantea solicitar al Estado una indemnización tras haber estado tres años en prisión provisional, cuando su condena acabó siendo de un año (no debería haber entrado en prisión).