Josep Ginesta, secretario general de la patronal de la pequeña y mediana empresa (Pimec), ha vuelto a defender la necesidad de debatir sobre la exigencia del pasaporte COVID-19 o certificado sanitario, que acredita que la persona tiene su pauta de vacunación completa, a todos los trabajadores. El secretario propuso que se suspenda el trabajo y el salario a los que no tengan dicho certificado.
En una entrevista, Ginesta ha asegurado que cuando un trabajador no se vacuna o no se somete a una prueba para acceder al centro de trabajo, se le deberá suspender el contrato y dejar de percibir un sueldo.
También ha resaltado que Pimec defiende el derecho individual de no vacunarse, pero que ese derecho no puede prevalecer a costa de exponer a otros compañeros, pues se busca el interés común y que en los espacios de trabajo se tenga el menor riesgo.
Expertos dudan sobre la legalidad de la medida
Debido a estas declaraciones, varios expertos han opinado sobre si es legal esta medida. El abogado laboralista del Colectivo Ronda, Natxo Parra, ha comentado que no se le puede exigir a los trabajadores ponerse la vacuna, pues es ilícito por parte de las direcciones empresariales, y si se quiere que esta medida sea efectiva, debe ser recogida en una ley orgánica aprobada por el Congreso de Diputados.
Parra también planteó que antes de exigir una vacuna obligatoria, sería prudente que se apueste por otras alternativas, como el uso de mascarillas y que se realicen pruebas periódicas, pagadas por las propias empresas, como ocurre con otras medidas de prevención de riesgos laborales.
Este planteamiento se contrapone con el de Ginesta, que ha exigido que los empleados paguen sus propias pruebas, ya que sirve de incentivo para que los trabajadores que faltan se vacunen.
Se calcula que el 73% de los trabajadores catalanes están vacunados
El secretario también planteó establecer un mecanismo de control a través de una aplicación móvil que pueda verificar el estado de salud del trabajador, pues según el secretario, aún existen unos 350.000 trabajadores catalanes que no están vacunados.
Según registros, un 73,5% de los catalanes están totalmente inmunizados.
Foment del Treball también solicitó al Gobierno la posibilidad de establecer la vacunación obligatoria para los trabajadores, debido a la reincorporación al trabajo presencial y toda la evidencia sobre la seguridad y eficacia de las vacunas.
Si bien han disminuido los contagios por Covid-19 a nivel nacional, Cataluña sigue presentando un número importante de enfermos. Este domingo se han diagnosticado unos 291 contagios y 3 fallecidos. Los hospitales cuentan con unos 347 ingresados y unos 19 pacientes en estado grave en la UCI.
