Ibrahima Diack y Magatte Ndyae, los dos ciudadanos senegaleses que defendieron a Samuel, víctima de una paliza mortal en A Coruña, se les ha concedido un permiso de residencia y trabajo “de un año renovable” tal y como había establecido el Gobierno central tras conocerse su participación en la defensa del joven.
Amigos de Samuel tras saber que los chicos habían intentado defenderlo, localizaron a Ibrahima y a Magatte para agradecerles lo que habían hecho esa madrugada, por su parte la Subdelegación del Gobierno en A Coruña fue quienes propusieron que su acción fuese recompensada.
El secretario de Estado de Migraciones, Jesús Javier Perea, había llamado a los chicos para agradecerles y comunicarles que ya había iniciado el proceso para regularizarlos.
Este martes por la mañana, ambos recibieron la resolución de permiso de residencia y la resolución de permiso de trabajo. A los dos le habían ofrecido varias ofertas laborales tras saberse públicamente su intervención en la agresión. La concesión de la documentación también les permitirá que ambos puedan participar como testigos en todo el proceso judicial por el crimen de Samuel.
Hasta ahora hay seis detenidos por el crimen de Samuel, las autoridades continúan tomando las versiones de los testigos para contrastarlas, además han estado analizando los mensajes que se intercambiaron los participantes en la paliza después de lo sucedido.
Regularización por circunstancias excepcionales
Para Jesús Javier Perea, regularizarlos es un “acto de justicia” pues fácilmente pudieron mantenerse al margen pero decidieron intervenir. En el Reglamento de Extranjería establece que se puede regularizar la situación de los extranjeros que se encuentren en el país por circunstancias excepcionales, entre las cuales están el “colaborar con autoridades públicas” como ocurre en el caso de los ciudadanos senegaleses.
En el informe complementario realizado por la Brigada de la Policía Judicial de A Coruña ha destacado que uno de los defensores tiene la condición de víctima al haber sido herido durante la agresión. Se sabe que ambos eran pescadores en Senegal, pero al no estar regularizados se dedicaban a la venta ambulante. Con esta ambos esperan conseguir un trabajo legal y mejorar su calidad de vida.
Los colectivos antirracistas defienden que la regularización tiene que ser un derecho
A pesar de la rápida acción de las autoridades en legalizar a los jóvenes, los colectivos antirracistas se han mostrado críticos, pues argumentan que la regularización es un derecho, y una de las pocas posibilidades para obtenerla es cometer “actos excepcionales” como fue el caso de Ibrahima Diack y Magatte Ndyae. En sus palabras, no se debe normalizar que la regularización se vea “como un premio”, contó el periodista Moha Gerehou, que si bien nació en España, al ser de padres procedentes de Gambia ha denunciado el racismo institucional y la falta de políticas antirracistas en el país.
