Juana Rivas ha abandonado el centro penitenciario en el que ingresó el pasado 11 de junio. Finalmente cumplirá arresto domiciliario en su propia vivienda desde la que será controlada de forma telemática. Hay que tener en cuenta que Juana fue condenada a una pena de cárcel por no haber entregado a sus hijos al padre allá en 2017 por los presuntos malos tratos que esta afirmaba recibir de Francesco Arcuri.
Juana Rivas abandona el centro penitenciario para cumplir arresto domiciliario
Juana Rivas finalmente ha salido del Centro de Inserción Social Matilde Cantos, situado en Granada.
Lo hace para cumplir condena desde su casa, en la que será vigilada telemáticamente. Las instituciones penitenciarias han tenido en cuenta que la condenada se presentó voluntariamente para ingresar en prisión, que su delito tuvo lugar hace más de tres años y que hasta ahora ha mostrado gran adaptación social.
Por ello, tras la propuesta de la Junta de Tratamiento del centro penitenciario en el que se encontraba, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha otorgado a Juana Rivas el tercer grado y a partir de ahora cumplirá su pena en arresto domiciliario portando una pulsera telemática, como marca el correspondiente reglamento penitenciario.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias le concede el tercer grado directo
La medida de que Juana Rivas abandone el centro penitenciario tras ser condenada el pasado 11 de junio tiene su explicación en la nueva apuesta de la citada Secretaría General. Hay que tener presente que el organismo encabezado por Ángel Luis Ortiz está siendo partidario de que el cumplimiento de las penas se lleven en medios abiertos, siempre y cuando las circunstancias penales y de las cárceles lo hagan posible.
Así, el acceso directo al tercer grado es posible en el caso de Juana Rivas como marcan las diferentes regulaciones aprobadas tanto en 2007 como en 2019.
Juana Rivas fue condenada a dos años y medio de prisión por sustracción de menores
Juana Rivas fue condenada la semana pasada por el Tribunal Supremo a dos años y medios de presión por un delito de sustracción de menores.
La condenada no entregó en 2017 a sus hijos al padre por el presunto maltrato físico y verbal que, según Juana, recibía del que fuera su pareja, Francesco Arcuri.
Rápidamente sus abogados se pusieron en marcha para solicitar una petición de indulto al Gobierno debido a que carece de antecedentes penales ni antes ni después del delito que cometió. Su representante legal argumentó que tenía una vivienda estable, era "muy apoyada" y que su responsabilidad civil había sido satisfecha a través de una campaña solidaria que recaudó los fondos suficientes.
