El día de ayer, España concluyó el estado de alarma decretado para combatir la pandemia de la COVID-19 después de seis meses, lo que consiste en la eliminación de las restricciones que se habían establecido. No obstante, este último fin de semana, el país ha tomado con arrebatos de descontrol esta nueva libertad, acciones que pueden poner en riesgo la integridad sanitaria de los ciudadanos en medio de la pandemia. Ante ello, el Gobierno se plantea distintas propuestas, una de ellas sería hacer “cambios legales”.
El Ejecutivo busca respaldo jurídico para implementar medidas restrictivas
De acuerdo con las declaraciones de los ministros de Justicia, Juan Carlos Campo, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el Ejecutivo se ha reunido para tratar nuevas propuestas y “cambios legales”, en vista de las aglomeraciones y el descontrol en la madrugada del domingo. En este sentido, se trataría de un respaldo por si el Tribunal Supremo no aprueba las medidas que algunas comunidades han solicitado; asimismo, es posible que se apoye un nuevo estado de alarma si es que alguna de ellas lo requiere.
Según Grande-Marlaska, el Ejecutivo se está inclinando en darle al Tribunal Supremo la responsabilidad de gestión en el caso, aunque también es cierto que presentará la solicitud de algunos cambios legislativos si es que el Alto Tribunal no concede el toque de queda o los cierres perimetrales, dos de las propuestas más restrictivas y por las que se necesitaría de un respaldo jurídico, ya que limitan la libertad y los derechos fundamentales.
Al respecto, el titular de Interior ha declarado que hay las suficientes posibilidades “para responder a la situación actual, que no es la de octubre”. También agregó que, una vez el Supremo se pronuncie sobre el alcance de la normativa vigente, se valorará el cambio de la ley. Por su parte, Campo ha señalado que las comunidades autonómicas podrían solicitar un nuevo estado de alarma, posibilidad que el Gobierno “ya se ha comprometido a apoyar”.
Asimismo, dijo que también hay la posibilidad de ejecutar un plan jurídico para realizar modificaciones legales.
Las comunidades autónomas podrían decretar un nuevo estado de alarma
Sin embargo, pese a la propuesta del cambio legislativo, Campo ha sostenido que los presidentes autonómicos cuentan con los “mecanismos suficientes” para afrontar, bajo sus propias competencias jurídicas, la crisis sanitaria, pues, una vez finalizado el estado de alarma en España, tienen nuevamente la capacidad normativa de liderar sus propias medidas respecto a la salud pública de su territorio.
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, sostuvo que este no es el momento para implementar un nuevo estado de alarma generalizado, aunque afirmó que “el Gobierno lo estudiaría y apoyaría” en caso de que alguna comunidad autónoma lo solicite. Asimismo, Iceta ha recordado que las comunidades pueden recurrir en casación al Tribunal Supremo ante los diferentes criterios de los tribunales superiores de justicia respecto a las restricciones que adoptan. Por ello, ha dicho que, si se observa que no está funcionando eficientemente, se tendría que ver si es válido “tomar alguna reforma legislativa”, declaración que coincide con la del ministro de Justicia. Por último, ha asegurado que, en estos momentos, no se plantea regresar al estado de alarma generalizado y que tampoco se prevé hacerlo en los siguientes meses.
