En la reunión que se llevó a cabo por el equipo de abogados del ex Rey Juan Carlos I, se planteó la regularización fiscal de todos los supuestos fondos opacos que fueron utilizados por él durante los años 2016 y 2018. En esa época no estaba protegido por la inviolabilidad, ya que abdicó en 2014.

Según fuentes jurídicas, en la investigación de los fondos no declarados por Juan Carlos I se comprobó que se realizaron gastos a nombre de una cuenta de un empresario de nacionalidad mexicana que superaban los 500.000 euros. Este monto se realizó de manera consecutiva en tres oportunidades, dos de ellos podrían suponer un delito de carácter fiscal.

Otros gastos realizados por el rey emérito, consistían en viajes, pagos de hoteles, vuelos y restaurantes, de manera específica corresponden a 2016, 2017 y 2018, además de los fondos de Allén-Sanginés Krause, amigo del ex rey y de origen mexicano.

La disposición de los fondos opacos

Juan Carlos I pudo acceder a los fondos a través de un testaferro, esta persona habría sido la encargada de intervenir como colaborador; según la investigación de Anticorrupción que aún se desarrolla, se trata del coronel del Ejército del Aire, Nicolás Murga Mendoza. El coronel fue interrogado junto con Krause para obtener más información sobre los gastos llevados a cabo.

La investigación fue trasladada al Tribunal Supremo, sin embargo antes de ello, los fiscales sumaron todos los montos de los gastos generando un total de más de 500.000 euros, este monto fue acreditado a Juan Carlos I y miembros de su familia, entre los cuales no se encuentran los actuales reyes de España.

La regularización de los fondos opacos

Actualmente, el rey emérito desea regularizar los fondos debido a que la investigación de Anticorrupción avanza y existe una creciente amenaza de querella a causa de delito fiscal, ya que los fondos utilizados del empresario mexicano no fueron declarados a Hacienda, pudiendo suponer fraude.

El artículo 305.4 del Código Penal, establece que aquel que regularice sus fondos, antes de que la justicia envíe la notificación de que se ha abierto una investigación para comprobar las deudas, quedará exento de responsabilidad.

Adicional a ello, Juan Carlos I deberá hacer un pago de al menos el 70% de los fondos que no fueron declarados, en su caso, según la investigación se plantea que es cerca de 350.000 euros al tratarse de más de medio millón de euros.

La preocupación del equipo jurídico de Juan Carlos I

Los fondos utilizados por el empresario mexicano preocupan al equipo de abogados, debido a que los otros factores de la investigación ocurrieron cuando el rey emérito aún poseía inviolabilidad antes del 2014, por lo que se prevé que la Fiscalía deje de lado ese caso particular.

El empresario mexicano es el presidente de la sociedad Global Endor, ubicada en Madrid, en ella tienen participación inmobiliarias y empresas donde en el consejo de administración se ubican dueños cuyos nombres resuenan en la ciudad. En 2018 adquirió el Hotel Villamagna y Krause posee diversos intereses empresariales que van desde el sector hotelero e inmobiliario hasta las energías renovables.

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