Después de hacerse pública la memoria anual del año 2018, la Fiscalía considera que hay que estudiar la posibilidad de instalar cámaras de seguridad en los colegios y en los despachos para evitar que tengan lugar abusos sexuales a menores. Los datos provocados por el ministerio preocupan, y mucho, por el hecho que el aumento de la violencia machista entre los adolescente está siendo de manera radical y podría estar relacionado con la pornografía.

Hoy en día, los adolescentes consumen vídeos de alto contenido sexual a través de los smartphones y cada vez lo hacen a edades más tempranas por lo que su concepto sobre la mujer y la vida íntima ha cambiado completamente en estos años.

La idea de la Fiscalía iría en contra de lo establecido por el Gobierno y contra el derecho a la privacidad en los colegios

Por otro lado, el número de violaciones cometidas a menores de edad han aumentado en un 43% a pesar de los esfuerzos por parte de la legislación para evitarlo.

La Fiscalía General siempre aprovecha el acto que implica la apertura del año judicial para hacer público los datos que se refieren a la realidad en el ámbito criminal del país, utilizando, para ello, la memoria anual de actuaciones en el campo judicial.

Este año la memoria ha querido señalar el aumento de delitos vinculados a la violencia sexual o machista que han sido protagonizados por menores, aumentando en un 43% los casos de violación, por lo que la Fiscalía ha puesto encima de la mesa una solución que va en contra de las actuales leyes: la instalación de cámaras de seguridad en determinados recintos en los que, hoy en día, está completamente prohibido como es el caso de los despachos y las aulas.

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La Fiscalía considera que habría que hacer una excepción por la gravedad de determinado tipo de denuncias que están recibiendo y por lo delicado del entorno en el que tienen lugar dichas denuncias.

La Agencia de Protección de Datos considera 'desproporcionada' la medida de la Fiscalía

La Agencia de Protección de Datos de España (AEPD), en la guía que publica cada año dirigida a los centros de enseñanza, considera “desproporcionada” la idea defendida por la propia Fiscalía, ya que no solo significa una intromisión en la privacidad de los propios estudiantes,también, podría suponer un control laboral de forma desproporcional de los educadores, aunque sí existiría la posibilidad de que estuvieran conectadas fuera del horario lectivo para prevenir hurtos de material en los centros.

Por otro lado, el centro educativo, según la AEPD, solo podría instalar cámaras de seguridad si demuestra que no puede garantizar la seguridad de los estudiantes y del profesorado por otro medio, algo que sería muy difícil de decir y de defender.

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