La Audiencia de Granada ha confirmado la sentencia de cinco años de prisión para Juana Rivas por cometer dos delitos de sustracción de sus hijos menores de edad que fue impuesta por el Juzgado de lo Penal 1 por mantenerlos en paradero desconocido durante el verano del año 2017 para que no fueran entregados a su padre.

La Sección Primera de la Audiencia, según se recoge en la sentencia, ha estimado de manera parcial el recurso presentado por la propia Rivas apelando contra el fallo y ha rebajado la cantidad económica por indemnización a causa del daño moral que le habría provocado a su ex-pareja Francesco Arcuri. Aunque en un primer momento la cantidad era de 30.000 euros, ahora Juana Rivas tendrá que pagar 12.000 euros, aunque el resto de puntos se mantiene íntegros.

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También pierde la patria potestad de sus hijos durante seis años

Juana Rivas no solo ha sido condenada a cinco años de prisión, también estará inhabilitada durante seis años para tener la patria potestad de sus hijos y le obliga a pagar todas las costas del proceso, incluidas los gastos de la acusación, y a indemnizar al propio Arcuri, a pesar de que él estaba condenado por maltrato en el año 2009 y volvió a denunciarlo por la misma causa en el año 2016.

El caso de Juana Rivas fue muy mediatizado, ya que, fue considerada una víctima de malos tratos desesperada por proteger a sus hijos y muchas mujeres salieron a la calle a su favor.

La Sección Primera de la Audiencia considera que no hay razones justificadas para que Juana Rivas no entregara a sus hijos al padre, a pesar de que siempre ha presentado a su ex-marido como un hombre maltratador y se ha recordado que nunca ha sido condenado en firme.

Se ha considerado que los menores no tenían riesgos en Italia

Por otro lado, considera que los menores no iban a estar en peligro en Italia, lugar donde la pareja tenía fijada su domicilio habitual, como ella siempre defendió.

Además, le recuerdan que no solo se ha valorado el hecho de que no ha entregado a los menores; también, que retuvo a los menores durante semanas, escondidos, sin que hubiera conocimiento de su localización.

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Una conducta que es delictiva y que supuso una desobediencia a la autoridad al no querer cumplir sus resoluciones. Y, por otro lado, consideran que no se respetó el derecho de los menores a estar con sus padres, a vivir en su ambiente cotidiano, su colegio, su familia y su entorno en lo que ha conocido hasta ese momento.