El Tribunal Supremo cierra la última vía presentada por el Ayuntamiento de Tordesillas y, con ello, el alanceamiento del Toro de la Vega no volverá a tener lugar.
Hay que recordar que el Ayuntamiento llevó a cabo este recurso después de que, tanto la Junta como el Parlamento de Castilla y León, hubieran aprobado un decreto para impedir la muerte del animal en público y lanceado.
El pasado mes de abril ya el TSJCyL desestimó el recurso
Ya el pasado mes de abril el Tribunal Supremo de la Junta de Castilla y León (TSJCyL) había desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Tordesillas.
Por esa razón, el municipio tomó la decisión de enviar la queja al Tribunal Constitucional, pero el Supremo rechaza esta opción ya que no considera que tenga una base legítima.
De esta manera, se mantiene la última decisión: el TSJCyL dio la razón al Gobierno de la región que decidió no autorizar el alanceamiento del toro en el conocido como Torneo del Toro de la Vega. Esta decisión es ratificada, por tanto, por el propio Supremo.
José Antonio González Poncela (PSOE), actual alcalde de Tordesillas, ha explicado en el pleno del lunes que el Tribunal Supremo, en su decisión, ha tomado en cuenta que la corporación del municipio no tiene legitimidad para trasladar este recurso al Tribunal Constitucional en contra de la decisión del tribunal autonómico que deniega la posibilidad de continuar con el Torneo como era tradicionalmente: matando al toro en público y lanceando al animal.
El TSJCyL ya había desestimado el pasado mes de abril el recurso presentado por el propio Ayuntamiento de Tordesillas en contra de la convalidación de un decreto-ley que fue aprobado por las Cortes de Castilla y León el pasado mes de junio del 2016 y que había sido promovido por el propio gobierno de la Comunidad Autónoma y que prohibía, de manera expresa, la muerte ante el público del toro a lo largo de la celebración del torneo.
Con el cierre del proceso por parte del Tribunal Supremo se acaba todo el proceso, tanto jurídico y administrativo, que se inició en mayo del año 2016 con un decreto aprobado por la Junta de Castilla y León, que se convalidó como ley el siguiente mes de junio, que fue recurrido por Tordesillas ante el Tribunal Constitucional.
Un estudio legal se presentará antes del 26 de mayo
De todas maneras, el propio alcalde de Tordesillas ha confirmado que la corporación municipal, junto con el Grupo Popular, va a solicitar un informe para ver qué opciones hay a partir de ahora, a un servicio jurídicos externo al Ayuntamiento.
Se espera que este informe esté preparado antes de las próximas elecciones municipales que tendrán lugar el 26 de mayo. El propio González Poncela no se va a presentar a las próximas elecciones, no quiere repetir como alcalde de Tordesillas
