Toda España sigue pendiente de la situación de los cinco miembros de “La Manada” tras haber quedado en libertad provisional bajo la fianza de 6.000 euros el pasado viernes, 23 de junio.
Los jóvenes, que se encuentran en sus correspondientes domicilios en Sevilla, deben comparecer ante el juez de guardia en su localidad cada lunes, miércoles y viernes. Esta es la única forma de confirmar que no se han fugado. Cumplir con el trámite de firmar en la oficina judicial es uno de los requisitos impuestos tras su puesta en libertad mientras se resuelve la sentencia por presunto abuso sexual en los Sanfermines de 2016 que les condena a nueve años de cárcel.
Segundo día de control para "La Manada"
Este miércoles, 27 de junio, los cinco componentes de "La Manada" se presentaban por segunda vez en el juzgado de Sevilla para firmar el control obligatorio, tal y como determina el auto judicial de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra. Algo que ya hicieron por primera vez este lunes en las instalaciones judiciales del Prado de San Sebastián. En esta ocasión, lo han hecho por la tarde y por separado. La razón: había convocada una concentración de colectivos feministas a las puertas de los juzgados por la mañana.
Desde el martes, un cartel circulaba por las calles el cual decía lo siguiente: “La Manada anda suelta. Justicia Patriarcal. Alerta feminista.
Concentración los miércoles de nueve a doce de la mañana en los juzgados de Sevilla”. La intención de ellos claramente ha sido no encontrarse con la concentración que les esperaba en las puertas de la oficina de control de prisiones provisionales así como evitar toda expectación mediática.
Nueva orden contra “La Manada”
Era el paso lógico después de la puesta en libertad de “La Manada” el pasado viernes.
La jueza que investiga la otra violación del grupo, el de los abusos a una joven de 21 años en la localidad de Pozoblanco (Córdoba), una agresión cometida dos meses antes de la de los San Fermines, ha dictado una orden de alejamiento de los cinco componentes de la manada a la víctima.
La juez prohibe a los cinco jóvenes acercarse a menos de 500 metros de su domicilio, de su lugar de trabajo o de cualquier otro sitio frecuentado por la víctima.
También les está totalmente prohibido comunicarse con ella, bien de forma directa o indirecta a través de terceros.
Hasta ahora, esta medida no era necesaria debido a que los agresores se encontraban en prisión. Tras la puesta en libertad de los encausados, la medida estará vigente hasta que concluya la causa de Pozoblanco para proteger así a la víctima. En el caso de que se la salten, estaríamos hablando de que con total probabilidad volverían a la cárcel.
