La Fiscalía ha llamado a declarar a más de 700 alcaldes catalanes que han manifestado su apoyo al Referéndum del próximo 1 de octubre. Serán interrogados como imputados si ceden centros y locales y podrían ser detenidos si no se presentan a declarar.
José Manuel Maza, fiscal general del Estado, ha sido quien ha dado la orden a los fiscales catalanes para que citen como investigados a los alcaldes que han firmado el decreto en el que se comprometen a ceder espacios físicos para que se celebren las elecciones.
Deberán ir acompañados de un abogado o por consiguiente se le nombrará a uno de oficio.
La orden de la Fiscalía no puede ser salteada, no es una determinación que pueda aceptarse o no de manera personal.
Dada la cantidad de municipios que están afectados y el poco tiempo con el que cuentan, el fiscal general ha dado instrucciones precisas para que las primeras citaciones sean dirigidas a los de mayor población.
Luego de conocerse la citación judicial, abogados de la asociación Drets han ofrecido sus servicios a los alcaldes implicados.
Como no podía ser de otra manera, la noticia ha puesto en alerta a muchos alcaldes quienes no dudaron en expresar publicamente su opinión al respecto. "Nuestra posición no es personal, responde a la decisión del pleno elegido democraticamente", asegura en La Sexta el alcalde de Tortosa y diputado de PDeCat.
"No es propio del siglo XXI que se intente detener al 75 % de los alcaldes de una nación", mientras que asumía el compromiso de presentarse ante el juez cuando le llegara la notificación. "Nosotros hemos acordado en el seno de la comitiva que vamos a declarar".
Por su parte Neus Lloveras ha asegurado, la tarde de este miércoles, que están muy tranquilos y que no tienen nada que temer.
Ha manifestado que algunos alcaldes, una vez que se los cite a declarar, algunos acudirán voluntariamente y otros no. Es decir, que aquellos que no lo hagan, serán acompañados por la fuerza de seguridad. Una medida que, sumada a la notificación del pasado martes a los cuerpos de seguridad del Estado por parte de la Fiscalía, enfrenta a estas fuerzas con los políticos.
Nuria Marín, alcaldesa de L´Hospitalet, quien en le pidió a Carles Puigdemont que "dejara tranquilos" a los gobernantes ha sostenido que "el problema se tiene que solucionar con política, hablando, dialogando, eso es lo que necesita España". La funcionaria no ha firmado el decreto cediendo locales para el referéndum. "El camino es la suma, avanzar, estamos en un camino que no comparto", ha afirmado tras ser consultada sobre la situación actual en Cataluña.
Marín considera que Carles Puigdemont ha puesto una presión innecesaria en los alcaldes de la región. Entiende que los funcionarios deberían haber quedado al margen porque la Generalitat tiene espacios físicos suficientes donde habilitar las urnas.
La decisión del Govern ha puesto la determinación final en los alcaldes quienes la semana pasada han tenido la responsabilidad de determinar si en su localidad se votará o no.
Las máximas autoridades de algunos municipios han recibido amenazas de muerte y pintadas ofensivas en los ayuntamientos y cedes municipales.
Cierre de la web del referéndum
A última hora de la tarde de ayer, un juez a ordenado el cierre de la web oficial del referéndum, referéndum.cat, que inmediatamente dejó de estar visible en los principales buscadores.
La página ya había sufrido un error durante la semana pasada que la había dejado fuera de funcionamiento. En la misma podía encontrarse información relativa al referéndum y la normativa que lo regularía.
En esta ocasión, el cierre de la web ha sido ejecutado por la Guardia Civil, que ha cumplido órdenes judiciales. A
