Desde la falta de profesores en la escuela pública hasta el déficit de personal sanitario, los recortes en gasto público que se han venido sufriendo en España desde el comienzo de la Crisis se deja ver con más evidencia en ciertos sectores. Aunque menos visible por parte del gran público, la deficiente administración de efectivos en la Guardia Civil también trae consecuencias directas para los propios profesionales y, de forma indirecta, para el ciudadano que requiere sus servicios.
Así, la falta de movimiento en el empleo de guardia civil afecta al ciudadano por el desabastecimiento de efectivos en algunas zonas y el envejecimiento del personal.
También influye la imposibilidad de conciliación familiar y el desencanto de los propios guardias, en muchos aspectos desatendidos por la propia institución, que hacen que el servicio se resienta a pesar de los esfuerzos de los profesionales.
En virtud del ahorro económico, existen desequilibrios en determinadas plantillas que están bajo mínimos debido a las jubilaciones o a la salida de guardias de seguridad ciudadana con destino a otras especialidades. Las plazas que estos agentes dejan libres no se cubren con nuevo personal sino que quedan bloqueadas con intención de minimizar los gastos y esto se traduce en una reducción de efectivos.
Como consecuencia, se encuentran plantillas al completo en algunas zonas con menos necesidad real de seguridad ciudadana mientras otros lugares quedan desprotegidos debido a un evidente déficit de personal.
La realidad es que el miedo a dejar comandancias vacías lleva a un impedimento real en el desplazamiento de efectivos por parte de la administración de la Guardia Civil que, muy lejos de lograr un reparto eficiente de los guardias, solo consiguen una utilización más que ineficaz de los recursos humanos llevando a una desatención de las necesidades de los ciudadanos en numerosos puntos del país.
Como cabe esperar, la imposibilidad que muchos guardias encuentran a la hora de cambiar de destino, muy al contrario de lo que ocurría en tiempos pasados, pesa seriamente sobre su capacidad para conciliar la vida familiar y laboral, así como para plantear con seguridad y confianza un futuro estable para sí mismos y para las personas con las que comparten la vida.
La incertidumbre, el desánimo y la incomodidad se apoderan de muchos profesionales que pierden la ilusión por realizar un trabajo cargado de voluntad de servicio.
La situación a la que se enfrentan los guardias repercute de forma directa o indirecta en la calidad del servicio ofrecido al ciudadano, no por falta de actitud y profesionalidad por parte de los componentes del cuerpo, sino por una simple y evidente razón derivada de la mala administración de los recursos ya que, en esos lugares con efectivos insuficientes, es imposible que una sola patrulla pueda atender a requerimientos distintos en diversas partes de la excesiva geografía que, en ocasiones, les corresponde cubrir con su trabajo.
El recorte de la inversión en materia de seguridad ciudadana tiene otra consecuencia evidente ligada a la falta de agentes de nuevo ingreso (se incorporan unos pocos cientos desde el año 2010, frente a los 2.000 de media, llegando incluso a los 5.000 en algunos casos, que entraban en la academia de Baeza en años anteriores). El envejecimiento del cuerpo es más que notable y se suma a la reducción de la plantilla como factor condicionante del rendimiento final del servicio ofrecido al ciudadano.
