El bailarín Rafael Amargo se sentará ante un Tribunal por un presunto delito de tráfico de sustancias ilegales en su propio domicilio. La Fiscalía está pidiendo una condena de nueve años para el artista.

Fiscalía no pide pena para la pareja de Amargo

La Fiscalía, todavía, no pide pena para Luciana Bongianino, su pareja. El juicio tendrá lugar entre el 7 y el 12 de junio en la Audiencia Provincial de Madrid. El bailarín y colaborador de Televisión, por el momento, permanece en silencio y aún le quedan varios meses para saber si es inocente o le condenan con una pena de prisión.

Tanto para Amargo como para Eduardo Santos, su productor, la Fiscalía solicita la misma condena.

Juan Ramón Reig, magistrado que lleva el caso, considera que el artista podría haber incurrido en un delito contra la salud pública, además de formar parte de un grupo de índole criminal. Según la investigación, Amargo podría haber vendido sustancias ilegales en su domicilio, en el centro de Madrid, a cambio de cantidades económicas a terceras personas, una acusación de que el propio Rafael Amargo ha negado en todo momento.

El Ministerio Público defiende que, a lo largo de varios meses, tanto el productor artístico del bailarín como el propio Rafael Amargo se dedicaron, de forma concertada y persistentemente, a la venta y distribución de determinadas sustancias, entre las que estarían metanfetaminas, a cambio de cantidades de dinero a terceras personas.

Rafael Amargo fue arrestado dentro de la operación Codax, durante el mes de diciembre del año 2020, junto a su actual pareja y dos personas más. El nombre del caso proviene del latín y se puede traducir como "cuervo" y se elige por una fotografía del bailarín en su perfil de Instagram, en la que aparece este pájaro .

Tras realizar su declaración, los arrestados quedaron en libertad, pero con medidas cautelares como fueron la prohibición de salir de España, el retiro del pasaporte o la obligación de presentarse en un juzgado cada quince días.

En el relato por parte del Fiscal, se señala al bailarín ya su productor de llevar a cabo, en el período intermedio entre los meses de abril y diciembre del año 2020, la distribución de una serie de sustancias de tipo estupefaciente.

Los dos acusados ​​se encargarían de comprar las mencionadas sustancias, de forma conjunta, a varios suministradores y, después, se las repartirían y se encargarían de la venta de las mismas.

El bailarín, según la Fiscalía, no solo vendía las sustancias en su domicilio, también contaba con una persona de su confianza que las llevaba hasta la dirección que indicaba el cliente, Manuel Ángel BL, que era consciente de lo que transportaba, pues tenía que regresar al domicilio del artista, supuestamente, para darle el dinero que había recibido.