Juan Muñoz, empresario y marido de Ana Rosa Quintana, puso de manifiesto que se vulneraron algunos derechos fundamentales del mismo como la tutela judicial efectiva, el derecho de igualdad, el de libertad e incluso el derecho a un proceso con todas las garantías. Esto después de la resolución que la Audiencia Nacional dictó contra el arquitecto el pasado viernes. Tras este auto, el marido de la presentadora de Televisión solicitó a la Audiencia Nacional que se restablezca su régimen de libertad sin dichas medidas cautelares o en su lugar, que se declare nulo el acto y se devuelva al juez para que dicte otro que esté fundamentado.

El arquitecto fue detenido el pasado verano junto a su hermano y el abogado de ambos por contratar presuntamente al ex comisario Villarejo para realizar un chantaje; poco más tarde era puesto en libertad sin medidas cautelares, algo que no ocurrió del mismo modo para su hermano y el abogado de éstos, quienes tenían que acudir periódicamente a comparecer a los juzgados, además de retirarles el pasaporte para que no salieran del país.

La Audiencia Nacional rectificó al juez Diego de Egea y solicitó medidas cautelares para Muñoz

Era el pasado viernes cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corregía la decisión tomada por el juez que instruye el caso en relación con el ex comisario Villarejo, el juez Diego de Egea, dictaminando a éste la obligación de imponer la medida cautelar de prohibición de salir del territorio español al marido de Ana Rosa Quintana.

Con esta medida, Juan Muñoz tendría que acudir cada quince días al juzgado más cercano a comparecer y se le prohibía salir de España, sin embargo, el empresario no parece estar de acuerdo con esta medida y ha presentado un recurso de nulidad ante la Audiencia Nacional.

Los delitos que se le imputan al empresario: encubrimiento, extorsión, revelación de secretos

El esposo de la popular presentadora de televisión ha estado envuelto en problemas legales en los últimos días. Recordemos que Juan Muñoz era detenido el pasado 31 de julio tras haber contratado presuntamente servicios de varias empresas del ex comisario Villarejo para que hicieran seguimientos a un tercero, que tenía contraída una deuda con ellos, y lograr información para chantajearlo. Ocurría en el marco de la operación 'Tándem' y se le llegaban a imputar algunos delitos como encubrimiento, extorsión o revelación de secretos.