Tras haber alcanzado acuerdo para eliminar el delito de sedición, el Gobierno negocia posibles modificaciones al delito de malversación a nivel interno y con representantes de la oposición. La propuesta para eliminar el delito de sedición y modificar el de malversación ha sido planteada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
El Grupo aspira a reducir las condenas contra políticos independentistas que no se beneficiaron económicamente con el uso de fondos públicos. PSOE y Unidas Podemos han marcado en el Congreso que la modificación no ha sido iniciativa del gobierno de coalición.
Sin embargo, se han mostrado dispuestos a analizar y estudiar los cambios propuestos por ERC.
La regulación actual del delito de malversación
El art. 252 y 432 del Código Penal establece que las autoridades o funcionarios públicos que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado, serán castigados con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.
La misma pena se aplicará a las autoridades o funcionarios públicos que se apropien para sí o para un tercero, de dinero o valores que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos (art.
253 y 432 del Código Penal).
Cuando el perjuicio causado o el valor de los bienes o valores apropiados sea inferior a 4.000 euros, los hechos serán castigados con una pena de prisión de uno a dos años y multa de tres meses y un día a doce meses, y en todo caso inhabilitación especial para cargo o empleo público y derecho de sufragio pasivo por tiempo de uno a cinco años.
(art. 433 Código Penal)
Unidas Podemos ha señalado que el delito de malversación está regulado en forma vaga y genérica
Jaume Asens, presidente de Unidas Podemos en el Congreso, ha destacado que tras la última reforma del delito de malversación realizada por el PP en el año 2015, la regulación es sumamente genérica lo cual ha dado lugar a interpretaciones abusivas.
El debate sobre la reforma de este delito, permite corregir estas interpretaciones y establecer disposiciones claras a efectos de diferenciar en forma más adecuada cuando se han utilizado fondos públicos para beneficio propio o no.
El Gobierno se ha manifestado dispuesto a analizar modificaciones al delito de malversación siempre que existan penas diferenciadas
El Gobierno se encuentra analizando los planteamientos de los partidos, pero destaca que hasta el momento ERC no les ha proporcionado el texto oficial con su propuesta. El debate no será sencillo, ya que las modificaciones podrían suponer beneficios a los condenados en el juicio a los líderes del proceso independentista y a otros procesados por el referéndum de 1 de octubre 2017, lo cual alcanza a unos treinta cargos de la Generalitat.
La Ministra de Defensa y Jueza, Margarita Robles, ha destacado que la regulación actual del delito de malversación puede dar lugar a inequidades, ya que no es lo mismo que el funcionario o autoridad se apropie de los fondos públicos a que no exista un beneficio económico. Por este motivo, si bien están dispuestos a evaluar modificaciones se entiende que esto deberá hacerse sin que queden indemnes otras prácticas de corrupción.
