Este martes ha sido aprobada la Ley de garantía integral de libertad sexual, más conocida como la del “solo sí es sí”, después de un año desde que se iniciara como anteproyecto. El Consejo de Ministros le ha dado luz verde y se espera que para el mes de septiembre pase por el parlamento por lo que aún podría seguir sufriendo de algunos cambios. Entre las novedades esta una distinción entre abuso y agresión sexual, da una nueva definición de consentimiento y ofrece una serie de medidas para las víctimas de violencia sexual.
Esta ley fue impulsada gracias al caso de la joven agredida por cinco hombres en Pamplona en la noche del 7 de junio de 2016 que fue calificado como de abuso sexual lo que despertó gran indignación social.
Por su parte, la ministra de Igualdad Irene Montero ha celebrado la Ley asegurando que buscará que ninguna Mujer se vuelva a sentir sola.
El texto supone que ya todo acto que no sea consentido será calificado como agresión sexual, por lo que no se necesitará acreditar violencia e intimidación, que es la condición que exige el Código Penal hasta el momento.
Algunas condenas no se podrán rebajar
El proyecto de ley contempla que no se puedan rebajar condenas, como es el caso del delito de abuso sexual, que en el Código Penal lo asocia a un castigo menor que otros delitos. La agresión penal sería el delito con la mayor pena, manteniéndose igual a como está actualmente establecido.
Prevenir. Acompañar. Reparar.
Todas las mujeres, todas las violencias machistas. #SoloSíEsSí pic.twitter.com/0SqMsKuo2Y
— Irene Montero (@IreneMontero) July 6, 2021Una novedad que incluye es el castigo por el “acoso callejero” con los agravantes como de que sea acompañado por violencia, que se produzca en grupo o que se le administre a la víctima alguna sustancia que le impida dar su consentimiento.
También se incluye a las víctimas menores de edad que sufran estas agresiones.
Un antes y un después para las víctimas de abuso
Debido a que la violencia sexual es un delito que afecta principalmente a las mujeres, la Ley es el siguiente paso para terminar este problema social y estructural en la sociedad española. Entre las medidas en el ámbito judicial que buscan que las mujeres no sean “revictimizadas” por lo que podrán evitar tener contacto visual con su agresor o dar declaraciones en salas especiales.
Las personas que lleven a cabo estos procedimientos judiciales deberán ser instruidas de forma continua sobre perspectiva de género y violencia sexual y establece una red integral de centros de atención a las víctimas, los llamados “centros de crisis 24 horas” que ya han sido puestos en marcha.
En España ya castigan los actos sexuales sin consentimiento, pero el Código penal no tiene una definición específica, centrándose en la violencia o intimidación para determinar cuándo hay agresión.
