La negociación entre el Gobierno del presidente, Pedro Sánchez, y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se mantienen congeladas. Y esa paralización se debe a varias razones, una de ellas es la negativa del Ejecutivo para excluir al juez Ricardo de Prada ante la solicitud de los populares para que el abogado quede afuera de la institución. El magistrado de la Audiencia Nacional fue ponente de la sentencia del caso Gürtel.

Sin embargo, el Gobierno de España no da como finalizadas las negociaciones con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial, a pesar de que las conversaciones entre las organizaciones políticas ha llegado a su más mínimo nivel desde que fueron iniciadas.

De esa manera el Ejecutivo español mantiene detenida la aplicación de las reformas de las mayorías para elegir el Poder Judicial.

El caso de Victoria Rosell no quiere ser repetido por el Gobierno de España con el juez Ricardo de Prada

Las exigencias del Partido Popular al PSOE para pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial han sido diversas, desde la exclusión del partido Unidas Podemos, hasta la retirada de la propuesta de Victoria Rosell, por ser delegada del Gobierno en materia de violencia de Género. En ese caso, el Gobierno de Sánchez optó por aceptar la petición de los populares y prescindir de la propuesta de la abogada, entendiendo que con esa medida no se detendría el proceso.

'Los vetos tienen un límite', aseguran desde el Gobierno del presidente, Pedro Sánchez

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha pronunciado sobre los reiterados pedidos que han hecho los populares para continuar en las negociaciones con el PSOE para renovar el CGPJ. La portavoz del Ejecutivo ha asegurado que “los vetos tienen un límite”, para ella es inverosímil que los populares pretendan aplicar condiciones basándose en el trabajo que realizó un juez en materia judicial “antes de ser propuestos”.

De Prada no tiene vinculación con el Ejecutivo, según la ministra Montero

María Jesús Montero ha enfatizado que a diferencia de la abogada Victoria Rosell, que sí trabajaba en el Gobierno del presidente Sánchez, mientras que el juez Ricardo de Prada no tiene “vinculación” con el Ejecutivo, ni tampoco forma parte del Ejecutivo español.

En ese contexto se ha conocido que tanto el PSOE como Unidas Podemos están dispuestos a aceptar el nombre de Alejandro Abascal, propuesto por el PP y que además instruye el caso “Dina”, que investiga a Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno.

El Ejecutivo 'no ha puesto vetos', afirma Montero

La ministra Montero ha asegurado que “el Gobierno no ha puesto ningún veto”, a diferencia del Partido Popular que sí lo ha hecho. A pesar de que muchos de los nombres propuestos por el PP están vinculados con la formación política de los populares ha remarcado la portavoz del Ejecutivo. Cabe destacar que el juez De Prada se le adjudica el haber agregado en la conclusión del fallo del caso Gürtel la existencia de una caja “B” en el Partido Popular.

La agenda del PP para continuar en la negociación con el PSOE

El Partido Popular se mantiene férreo en sus propuestas para continuar negociando con el PSOE, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En primer exigen la despolitización de la justicia, en segundo lugar los populares exhortan al Gobierno de Pedro Sánchez para que retire su propuesta para reformar el sistema de mayorías del Poder Judicial. Y en tercer lugar el PP reiteran una vez más que el partido Unidas Podemos debe quedar fuera de cualquier negociación judicial.

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