La corrupción ha existido desde la creación de los sistemas políticos y lamentablemente ningún gobierno la ha evitado al 100%. Recientemente España ha llamado mucho la atención debido a una acusación realizada por la Fiscalía; donde Antoni Manchado, José Antonio Santos Hierro y Francisco Cano, además de otras ocho personas han sido acusados de enriquecerse injustamente utilizando fondos del estado.

La Fiscalía demuestra el desvío de dinero con fines públicos y corrupción interna en los informes

Se ha revelado el descubrimiento de varios pagos con dinero público, el cual fue utilizado según los políticos para informes en la OMS.

A pesar de esto, la investigación comprobó que dichos informes eran plagios y contenían información falsa, todo utilizando fechas retocadas para evitar ser descubiertos. Debido a esto se han generado denuncias para reconocer el destino al cual llegaron dichos fondos públicos.

Actualmente se conoce que los informes falsos poseen un valor estimado en 37.000 euros, donde incluso uno de ellos habla de forma agraviada de la OMS. También se ha revelado que 5.000 euros al mes, durante una extensión de un año fueron destinados para la realización de asesoramiento profesional, la cual supuestamente era para conseguir traducir los informes obtenidos, un dato que la Fiscalía ha logrado desmentir pues dichos informes eran conseguidos a través de una página de extensión.

Finalmente se comenta la utilización de una empresa pública con la intención de favorecer a varios allegados.

La corrupción dentro del Gobierno balear permite el desvío de 407.000 euros en tres años

Sin duda lo más llamativo fue la utilización de esta empresa pública destinada al potenciamiento de la televisión digital terrestres para conseguir beneficios propios.

El Gobierno balear permitió que varios amigos de los acusados fueran beneficiados de diversas maneras. Beneficios de fondos públicos, deformación de contratos aprobados para la solvencia de trabajos de nula efectividad e incluso en algunos casos inexistentes, y manejo de medios para obtención de beneficios propios son solo algunas de las acusaciones.

La corrupción llegó a tal punto que fue posible la desviación de aproximadamente 407.000 euros entre el año 2008 al 2009.

Actualmente los delitos por los cuales son denunciados los tres ex-políticos de PSOE y ocho allegados son los siguientes: malversación, tráfico de influencias, fraude a la administración, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento oficial y prevaricación. Los 11 acusados se han defendido de las acusaciones, afirmando que todos los trabajos para los cuales fueron destinados los fondos públicos poseían valor para el Estado y fueron realizados de forma exitosa. Por el momento no han sido tomadas medidas cautelares, aunque la Fiscalía continúa ejerciendo presión para la detención de los tres principales participantes.

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