La primera ola de la pandemia por Coronavirus trajo a las residencias de mayores más contagios y muertes que a otros lugares. Ahora, en la segunda ola, es preocupante que vuelva a darse la misma situación; por eso, las asociaciones y patronales responsabilizan al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al de Derechos Sociales, Pablo Iglesias de lo sucedido y les reclaman que les proporcionen recursos.

Según el Gobierno, cada comunidad autónoma debe encargarse de gestionar los servicios sociales. No obstante, Pablo Iglesias, como vicepresidente, está trabajando ya para que las residencias de ancianos no vuelvan a ser el principal foco de contagios y muertes por el virus y apuesta por agrupar a los pacientes en unidades de convivencia más pequeñas, teniendo en cuenta sus patologías y su grado de dependencia.

De esta forma, cada planta sería dirigida de manera autónoma y en caso de rebrotes se podrían aislar. Se planea que cada sector cuente con treinta o cuarenta pacientes, pues eso garantizaría la comunicación con la atención primaria y facilitaría la incorporación de elementos necesarios como los drenajes. Fuentes del vicepresidente informan de que una parte de la financiación se dirigirá de manera exclusiva a readaptar estos centros para que se amolden al nuevo modelo residencial en los años siguientes.

El coronavirus afectó más en las residencias porque no se tomaron medidas preventivas

Una de las principales causas por las que el COVID- 19 asoló los centros de mayores y los convirtió en el colectivo más afectado fue la mala gestión que se llevó en ellos, debido a la falta de previsión, de diálogo y de rapidez.

Las asociaciones y patronales responsabilizan a Pablo Iglesias de las políticas sociales del Gobierno y le piden que actúe, como se hace con Sanidad, y que se olvide de que los servicios sociales deben administrarlos cada Comunidad.

Juan Manuel Martínez Gómez, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), se lamenta de la situación que han vivido y que viven los mayores en las residencias y alega que esto ocurre porque no se están tomando medidas específicas para frenar el coronavirus en estos centros.

El presidente de CEOMA siente que no les escuchan. Su organización acude a las pocas reuniones a las que les convocan y en ellas solicitan que se tomen medidas; pero luego no se lleva a cabo ninguna.

La vicepresidencia social presenta el nuevo modelo de construcción para centros de mayores

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales reveló, a principios de julio, que Sanidad había presentado un documento donde se resumían los datos de coronavirus hasta el 20 de junio.

Dicho documento precisaba que 27.350 personas habían fallecido en residencias. De esta cifra se concretó que 9.003 pacientes (un 32,9% de los fallecidos) murieron por Covid, 9.830 (un 35,9%) padecieron síntomas de la enfermedad, pero no se llegaron a confirmar y el 31,2% restante fallecieron por otras causas.

La vicepresidencia social ya informó este verano a las autonomías de que era necesario cambiar el modelo de las residencias dentro del Consejo Territorial. Fuentes del departamento de Iglesias añaden que el vicepresidente del Gobierno sostiene sus medidas en tres pilares. La primera consiste en que no se medicalicen las residencias. Apuesta que se contradice con lo que Podemos Madrid le pidió a Ayuso que fue precisamente que se medicalizaran.

La segunda es que defiende que se construyan centros más pequeños y la tercera, que en los actuales los mayores sean separados en unidades de convivencia más reducidas.

De estas tres medidas, la más prioritaria para la vicepresidencia social es la última, ya que distribuyendo a los pacientes en plantas distintas, según sus patologías y necesidades, se facilitaría el trabajo de los sanitarios a la hora de atenderles y se impediría que aumentaran las transmisiones por Coronavirus.

El Gobierno ha llamado a este proyecto 'mini-residencias'. Pablo Iglesias quiere que todos los centros de mayores que se levanten a partir de ahora cumplan con este requisito de nueva construcción y financiará a las autonomías para que las nuevas residencias públicas se adecúen al tamaño y diseño establecidos en este modelo.

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