Se acaba el plazo para que Quim Torra retire todos los lazos amarillos y las esteladas a favor de los “presos políticos”. Dicha orden fue llevada a cabo por el JEC y podría tener consecuencias si el político catalán no la cumple.

Quim Torra, actual presidente de la Generalitat, y otros altos cargos actuales del Gobierno de Cataluña podrían enfrentarse a multas desde los 300 a los 3.000 euros o a una denuncia por parte de la Fiscalía por desobediencia, si no quitan todos los lazos amarillos y las banderas “esteladas” como manifestación en contra de los “presos políticos” que están siendo juzgados en el “Procés”.

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La orden proviene de la Junta Electoral Central

A Quim Torra se le está acabando el tiempo para cumplir con la orden recibida por parte de la JEC (Junta Electoral Central) de quitar todos estos símbolos de los edificios públicos que son propiedad de la Generalitat.

Será este mismo miércoles por la tarde cuando se acabe el plazo de 48 horas que la propia JEC ofreció a Quim Torra para que retire todas las banderas esteladas y los lazos amarillos de las dependencias de la Generalitat para cumplir con el deber de neutralidad de ideología política que tienen los poderes públicos ante la celebración de las elecciones generales el próximo 28 de abril.

Quim Torra tiene que quitar los lazos amarillos
Quim Torra tiene que quitar los lazos amarillos

Con la resolución, el máximo órgano arbitral habría sacado adelante una petición que fue registrada por el partido Ciudadanos, que se quejaba formalmente de la exhibición en edificios públicos de Cataluña de símbolos partidistas o de tinte ideológico en pleno período de elecciones, algo que está prohibido según el artículo 50 de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General).

Elsa Artadi, la actual consejera de Presidencia, ya ha declarado que le parece "completamente ridículo" la pretensión llevada a cabo por al Junta Electoral Central y ha admitido que el Govern está trabajando en una repuesta “combativa” ante esta orden.

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Este procedimiento será el inicio de una larga guerra de denuncias, recursos y alegaciones que se irán resolviendo, una por una, en la instancia correspondiente, sea a nivel estatal o provincial, por la vía judicial o administrativa.

La alcaldesa de Berga fue sancionada por algo parecido

Tras terminar el período de 48 horas, tanto Ciudadanos (por ser la parte denunciante) como las juntas electorales de provincia (recibieron la resolución del JEC), podrán realizar un seguimiento y denunciar todos y cada uno de los incumplimientos que constaten.

Si a pesar de ser sancionado, Quim Torra continuase con esta acción, entonces, tendría que intervenir la Fiscalía y se arriesgaría a una sanción administrativa por una infracción electoral.

Por algo parecido, la alcaldesa de Berga (localidad cercana a Barcelona), Montserrat Venturós, miembro de la CUP, fue condenada el pasado año 2018 a un período de inhabilitación de seis meses para poder desempeñar cualquier tipo de cargo público y a una multa de 540 euros.

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La JEC se basa en que la ley prohíbe a los poderes de orden público a tomar parte durante las elecciones por un bando.

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