Ada Colau ha dado el pasado de llevar, por primera vez en la historia, un caso de acoso inmobiliario ante la Fiscalía. El Ayuntamiento considera que los propietarios de un edificio de la zona de Sant Antoni deben ser sancionados con una multa de 90.000 euros.
En octubre hubo una manifestación organizada por una pareja afectada por el acoso inmobiliario
No es la primera vez que el Ayuntamiento de Barcelona toma una decisión histórica: ya multó con 2,8 millones de euros a dos fondos buitres por mantener vacíos numerosos pisos.
Ha sido Gerardo Pisarello, el primer teniente de alcalde de la ciudad de Barcelona, el responsable de anunciar a través de su Twitter que el Ayuntamiento ha propuesto una sanción económica de 90.000 euros por ser un caso de acoso inmobiliario a los dueños de un edificio en el barrio de Sant Antoni, después de estudiar una denuncia recibida por parte de una inquilina, que ha sido apoyada por el Sindicat de Llogaters.
Es el primer procedimiento administrativo en contra de este tipo de asedio que ha llevado a cabo el Consistorio catalán, que por primera vez en su historia lo lleva hasta la Fiscalía. Los propietarios tendrán que pagar esta sanción, si el Ministerio Fiscal considera que no es un delito penal.
Los propietarios no se hacen cargo del mantenimiento de la vivienda
Según los inquilinos, el edificio es propiedad de la familia Mas-Beya Fradera quienes se han negado a renovar el alquiler de sus inquilinos y no están realizando el mantenimiento de la finca, ya que tiene el objetivo de vaciar la mayor parte de las viviendas del bloque, que tiene 22 en total, para poder alquilarlos a un precio más alto.
El Ayuntamiento de Barcelona, el pasado mes de julio, anunció que activaba las competencias municipales que preveía la ley de Cataluña 18/2007 del derecho a la vivienda que permite abrir procedimientos de sanción a los inversores y grandes propietarios que estén acosando a los inquilinos.
Estas sanciones irían de los 90.000 euros hasta los 900.000.
En este caso, la multa de 90.000 euros es por no hacer frente al deber de los propietarios de mantener la finca donde viven los inquilinos: se ha demostrado que no se mantienen las bajantes de las aguas fecales y que las cañerías tienen una concentración de plomo mayor a la permitida, por lo que el agua que sale de los grifos no es potable. En estos momentos, el Ayuntamiento de Barcelona está trabajando en 14 casos de acoso inmobiliario, en un total de 22 viviendas en las zonas de Ciutat Vella y el Eixample.
