La orden de busca y captura para llevar a prisión a los cinco cargos que aún están en Bélgica, sigue la lógica de los acontecimientos que ayer llevaron a la cárcel de Estremera y Alcalá Meco a más de la mitad del Govern. Los cinco restantes responsables de la Generalitat, Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, pesan sobre ellos según la jueza Lamela los delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos, prevaricación y desobediencia.
La justicia española ha cursado la orden de detención para Carles Puigdemont por ser el principal responsable de los delitos citados, al ser el principal promotor de la rebelión, incitando a la ciudadanía catalana a salir en las calles, utilizando dinero del Estado y también por la propuesta de creación de un ejercito catalán.
Estas han sido las principales argumentaciones que ha esgrimido la jueza para incriminar al expresident de la Generalitat. Lamela ha dictado dos autos por cada huido. En el primero se pone en marcha la orden de detención europea y el traslado a la Fiscalía Federal de Bélgica. La Orden de Detención Europea se ha dirigido también a la policía, a través del programa SIRENE. En el otro auto se cursa una orden internacional y nacional de busca y captura para asegurar la detención de los cuatro consellers y de Carles Puigdemont.
En los dos edictos que han llevado a Oriol Junqueras y siete de los exconsellers, Lamela esgrime las mismas acusaciones para Puigdemont. Promover y utilizar la fuerza intimidatorio y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección, contraviniendo y desafiando al ordenamiento constitucional español.
Los dictámenes han generado una turbulenta reacción en contra, no solo en varios de los medios de comunicación nacionales, sino también internacionales al calificarlos de intimidatorios y violentos –una de los principales argumentos para tildarlo de rebelión.
Por parte de las autoridades belgas las opciones de asilo en Bruselas se tornan muy complicadas al ser miembro de la UE y garante del régimen jurídico de la Unión que esgrime no ofrecer asilo político a ningún ciudadano de un país miembro –solo bajo excepcionales situaciones y esto comprendería una anomalía fehaciente del país en cuestión.
Así lo expresaba la Ministra belga de medio ambiente, Marie-Christine Marghem, que advertía del hecho de que si la Audiencia Nacional solicita a Bélgica la extradición del expresidente catalán, “no habría nada que hacer y debería ser entregado. El plazo sería dilatado, los trámites demorarían 60 días y en ese espacio de tiempo se habrían llevado a cabo los comicios del 21D en Cataluña.
La ministra expone que España es un país soberano miembro de la Comunidad Europea, cuyas leyes fueron votadas democráticamente. Eso sí añade que Bélgica no hubiera optado por llevar el problema al campo jurídico, sino al campo político. Las autoridades judiciales belgas están examinando el caso pero hay “convenciones internacionales con España” que se deben respetar y apoyan la acción de entregar a personas perseguidas por su justicia.
Las dudas de la forma de actuar de la adjudicatura española, han calado en el propio abogado belga de Carles Puigdemont, Paul Bekaert que ha desconfiado de la libertad de ésta, exponiendo que se recurrirá cualquier orden de extradición. El abogado además siempre ha insistido que no es necesario estar en España para declarar.
Paul Bekaert ha llevado casos de ciudadanos vascos que han prestado declaración ante la policía local de aquí. “No hay una ley que diga que alguien puede ser privado de su libertad si no acude a una citación judicial”.
Los hechos acontecidos el Jueves por la entrada en prisión de Oriol Junqueras y seis de sus conselleres, dan la razón a los temores que podía tener el expresident y su abogado. No solo esta desconfianza se ha extendido en Bélgica, según informa el medio telegra.ph Aargauer Andreas Glarner del Consejo Nacional Suizo ya habría alertado de esta situación, y se comprometería a conceder el asilo político en Suiza al presidente catalán. Sus palabras han dado un espaldarazo internacional al proceso al señalar que “Puigdemont es un verdadero refugiado.
“Esta siendo perseguido políticamente y, por lo tanto, ha de obtener asilo”. El Consejero es responsable del dossier de asilo del SVP (Partido Popular suizo), que además simpatiza con las preocupaciones políticas de Puigdemont, y añade de tener poca confianza en la justicia española: “España no es precisamente conocida por tener una buena jurisprudencia".
