Desde que se acentuara la crisis soberanista, el papel de la fuerza de seguridad catalana se ha visto salpicada, en muchos casos hasta implicada, por las decisiones entre el Govern y el gobierno nacional. Desde su cuestionado accionar durante las jornadas previas al referéndum, donde Policía Nacional y Guradia Civil solicitaron su colaboración en distintas intervenciones hasta una posible dirección por parte del Estado.
Los Mossos d`Escuadra atraviesan horas difíciles, su labor ha sido cuestionada y el mayor Josep Luis Trapero llevado al banquillo por un posible delito de sedición.
Cómo actuará el Ministerio del Interior de aplicarse el artículo 155 de la Constitución Nacional es una incógnita. Una de las mayores preocupaciones está dada entre los miembros de la fuerza por el temor que se les solicite intervenir con cargas como hizo la policía el 1-O.
La división interna cada día se hace más patente. El pasado fin de semana, el gobierno de Mariano Rajoy comunicó que si los Mossos no acatan la autoridad y la legalidad que, de mediar el artículo 155, implicaría la nueva dirección de la fuerza, responderán con sus bienes patrimoniales y con su sueldo.
Lo mismo ocurre con miles de funcionarios atrapados entre dos fuerzas y sin una solución a corto plazo.
