El Gobierno español anunció el sábado medidas drásticas para evitar la secesión de Cataluña, como destituir al gobierno, tomar el control de las finanzas, la policía y los medios públicos y colocar el parlamento bajo tutela.
Estas medidas deben ser aprobadas en principio antes del 27 de octubre por el Senado, donde el partido del presidente Mariano Rajoy tiene una mayoría absoluta y aseguró de antemano el peso del apoyo del Partido Socialista y Ciudadanos.
La eliminación del gobierno catalán
Rajoy pide la eliminación de todo el gobierno catalán, la Generalitat, presidido por Carles Puigdemont, un antiguo activista por la independencia.
Sus funciones serán realizadas por "el gobierno nacional, pero en un principio por los Ministerios (nacionales) para la duración de esta situación excepcional", dijo el jefe de gobierno.
Rajoy pidió al Senado que le otorgase la autoridad para disolver el parlamento y convocar nuevas elecciones dentro de los seis meses posteriores a la votación en el Senado.
Esta competencia suele ser responsabilidad del jefe del gobierno catalán
El gobierno conservador también pide a la cámara alta que le dé el poder de nombrar, eliminar y reemplazar a todos los organismos y entidades que dependen de la Generalitat.
La policía autónoma
La policía catalana, unos 16,000 Mossos de Esquadra, estarán bajo la autoridad directa del gobierno, aunque hasta ahora solo respondían a las órdenes de la Generalitat.
Rajoy incluso pregunta "en caso de ser necesario", que los miembros de la policía autónoma puedan ser "reemplazados por personal de las fuerzas de seguridad del Estado", es decir, la policía nacional y la Guardia Civil.
¿Qué pasara con las finanzas en Cataluña?
El gobierno ya ha colocado las finanzas de la Generalitat en la administración judicial en septiembre, para intentar en vano prevenir el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, prohibido por la justicia.
Ahora solicita a la autoridad que ejerza todas las facultades financieras, presupuestarias y fiscales para garantizar que no se dedique ni un euro de impuestos locales o sumas transferidas por Madrid a la región para financiar los esfuerzos de secesión.
Telecomunicaciones y medios
Rajoy quiere asumir también "las funciones de la Generalitat de Cataluña en telecomunicaciones y servicios digitales".
Esto implica el control del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (ITCC), que coordina todos los sistemas de TI del gobierno regional.
La televisión pública y la radio (TV3 y Catalunya Radio) también estarán bajo el control del gobierno central para garantizar "la transmisión de información confiable, objetiva y equilibrada".
Los sindicatos de periodistas de TV3 han denunciado las directrices, que dicen que tienen una cobertura sesgada para la independencia. Sus colegas en la televisión nacional denuncian regularmente el control del gobierno sobre la información, especialmente en la crisis catalana.
El Parlamento
El gobierno también pide el mandato de la actividad del parlamento catalán, donde los partidos independientes tienen desde 2015 una estrecha mayoría de 72 escaños de 135.
Estos diputados aprobaron el 6 de septiembre una ley que organizó el referéndum sobre la independencia del 1 de octubre, una ley que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional, cuya competencia ya no reconocen. También son ellos quienes podrían proclamar formalmente la independencia en virtud de una segunda ley aprobada a raíz y también cancelada.
Rajoy solicita poder designar a "una autoridad" que tendrá 30 días para verificar que ningún texto de ley o iniciativa parlamentaria vaya en contra de las medidas adoptadas para controlar Cataluña.
