Corría el año 2007 y el Ministerio de Educación y Ciencia, dirigido por el Ministro Ángel Gabilondo, anunciaba a bombo y platillo una serie de préstamos universitarios a los que denominó "Préstamos Renta Universidad" y serían gestionados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El planteamiento estaba sujeto a dos cuestiones absolutamente ligadas entre sí. Por una parte una bonanza económica que pretendía garantizar un futuro muy positivo para los universitarios mejor preparados, con estudios de postgrado, especializados y dispuestos a formar parte de ese nuevo país que iba a crecer al amparo de ese imparable crecimiento económico; por otra parte, la garantía de que la devolución a interés cero de dichos préstamos no iba a tener que producirse si el universitario no alcanzaba un nivel de renta superior a los 22.000 euros anuales.
De ahí su denominación de Préstamo "Renta".
La oportunidad era excelente para poder mejorar el nivel académico en un mercado laboral muy competitivo y en el que parecían apreciarse, y mucho, las titulaciones de postgrado que buscan una especialización y un aumento de los conocimientos de los graduados universitarios. Además, dentro de estos préstamos existía la opción de pedir mayores cantidades en el caso de que se tuviese como objetivo final realizar el doctorado, superando en este caso los préstamos la cantidad de 30.000 euros.
Fueron miles los estudiantes que aparcaron sus proyectos, su búsqueda de empleo y su propia vida, su familia, amigos, para aprovechar esta oportunidad en ésta y en las sucesivas convocatorias que se extendieron hasta 2011.
En muchas ocasiones los másteres oficiales, porque la oficialidad de estos era un requisitos necesarios, no se ofertaban en las universidades de sus propias ciudades, por lo que se vieron obligados a cambiar su domicilio a otras ciudades, algo que aceptaron aprovechando la oportunidad financiera de estos préstamos y aceptando la deuda con la tranquilidad de que estos no deberían ser pagados hasta que el nivel de sus rentas no superara los 22.000 euros,
Cambiaron las condiciones sin avisar
Sin embargo las condiciones de estos préstamos fueron cambiando año tras año, sin que el Ministerio lo notificara y lo anunciara convenientemente.
Aquellos alumnos que firmaron en años posteriores pensaban que lo hacían con las mismas características ofrecidas en la primera convocatoria. Y con toda la razón del mundo, porque si el préstamo no estuviera sujeto a una renta anual no tendría que haberse llamado Préstamo Renta. El Ministerio no cambió ni su denominación ni ofreció la información adecuada a los universitarios.
De hecho aún se puede ver en Internet una página web a la que se accedía desde la propia del Ministerio y en la que se informaba de las condiciones pero de la primera convocatoria.
Miles de universitarios siguieron acogiéndose a esta opción para pagar sus estudios superiores con el absoluto desconocimiento de que aquello que firmaban no era lo que les dijeron, aquella información a la que habían tenido acceso y sobre la que marcaban su futuro. En ocasiones, a la hora de firmar el préstamo los trabajadores de las sucursales bancarias a través de las que los firmaban tenían un absoluto desconocimiento de este préstamo y remitían a los alumnos a las condiciones que marcara el Ministerio. Y claro, esas condiciones eran las que sí tenían publicidad y que correspondían al primer año, a la primera convocatoria.
La tragedia de miles de universitarios
La crisis económica se fue agudizando, curiosamente, a la vez que desde el Ministerio aumentaban las condiciones y empeoraban las perspectivas de pago de las mismas. Ya en 2009 desapareció el límite de Renta para tener que iniciar los pagos tras tres años de carencia si se solicitaba. En años sucesivos se fueron incorporando, sin comunicarlo a los nuevos prestatarios, cláusulas que incluían comisiones inexistentes en un principio y, finalmente, hasta intereses.
Cuando, tras los años de carencia correspondiente, miles y miles de estos alumnos sumidos como tantos en las miserias de la crisis y de un mercado laboral absolutamente ajeno a los mejores curriculums académicos, se encontraron con que los correspondientes bancos comenzaron a reclamarles las cuotas de pago de sus préstamos independientemente de que trabajaran o no, de cualquier condición particular y en muchas ocasiones con presiones que llegaron y llegan a amenazas, a aplicar comisiones e intereses enormes por el no pago, y a exigir mediante continuas cartas a sus domicilios, cuándo no llamadas telefónicas, los pagos mensuales.
A la espera tras una reclamación patrimonial y un PNL aprobado
Ante esta situación hubo quiénes comenzaron a pagar como podían, otros decidieron no hacerlo por no darse las condiciones económicas que pensaron habían firmado y otros y otras muchos y muchas no pudieron pagar nunca si con ello podían quedarse sin los suministros básicos, o el alimento de sus propios hijos. Escenas como Ana, con un hijo dependiente y sin recursos, a pesar de su ben curriculum académico, o la de otros tantos, que se vieron obligados a emigrar para poder trabajar sobreviviendo en otros países, aunque al menos ganando lo mínimo como para vivir y no ver pasar sus vidas en blanco, y presionados por los bancos sobre un dinero que no proviene de sus recursos, sino de los recursos del Estado, el mismo que los salvó pagándoles 60.000 millones de euros que ahora se niegan a devolver.
El pasado año, a solicitud del grupo parlamentario de Podemos, se aprobó un Proyecto no de Ley (PNL) en el que se instaba a devolver a todos los prestatarios las condiciones iniciales por las que se convocaron estas ayudas que han terminado por ser duras losas sobre las vidas de más de 12.000 graduados. Todos los grupos votaron a favor de la proposición a excepción del Partido Popular, cuyos catorce votos en la comisión fueron abstención. Los prestatarios, unidos en una plataforma, presentaron una reclamación patrimonial a través de su representante el abogado Miguel Angel Llamas. A día de hoy no hay respuesta por parte del Ministerio.
La indignación crece con el escándalo Cifuentes
Sí es cierto que tras pasar los primeros tres años de carencia, y ante el escándalo provocado por este asunto el Ministerio emitió una orden para prolongar por un tiempo esa carencia.
Pero transcurrido ese periodo el silencio ha sido tan absoluto como la abstención del Partido Popular en la votación del PNL. Un silencio que para sí quisieran a día de hoy, con los escándalos surgidos a raíz de la participación en másteres en la Universidad Rey Juan Carlos de diversos políticos de esta formación, la más destacada la hasta el momento Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Los hechos acaecidos en torno a este escándalo han provocado una enorme indignación entre los reclamantes de la Plataforma de Afectados por los Préstamos Renta Universidad, que han emitido un comunicado exigiendo una respuesta por parte del Ministerio a su reclamación patrimonial y al PNL aprobado en comisión en el Congreso.
En el mismo comunicado los afectados piden un compromiso al ex Ministro Angel Gabilondo, bajo cuyo mandato en el Ministerio de Educación y Ciencia tuvieron lugar la aprobación de los Máster en las sucesivas convocatorias.
Lo cierto es que la férrea defensa que de la popular Cifuentes ha llevado a cabo su partido y el mismo Ministro popular Méndez de Vigo contrasta con la nula de los intereses de los afectados por el Préstamo Renta damnificados por la mala gestión de su cartera en la época socialista.
Muchas dudas planean ahora sobre los objetivos reales de estos préstamos, como garantizar el éxito de muchos másteres que en aquellos años no llenaban sus plazas y de los que muchas universidades y profesores obtienen importantes ingresos.
Los préstamos debían ir destinados al curso de másteres oficiales y exigían el cumplimiento de todos los créditos en un primer periodo lectivo, incluida la defensa del TFM, ante un tribunal en el que uno de sus miembros pertenecía a otra Universidad y con un nivel de especialización que garantizaba el aprovechamiento de los estudios.
