Desde que la nueva formación política Podemos irrumpiera en el panorama español, la estrategia del Partido Popular, secundada por otras formaciones políticas, ha sido cargar contra sus supuestas relaciones con el régimen de Nicolas Maduro en Venezuela. Sin embargo, más allá de este objetivo interno, muchos analistas aseguran que lo que está tras este continuo recurso a la denuncia de la situación de represión y ataque a los derechos humanos en Venezuela son intereses económicos más que la preocupación del gobierno español por la situación de los venezolanos.

Contactos casi secretos

Pese a lo que pueda parecer por las constantes críticas al gobierno caribeño, las últimas de las cuales se han centrado en el encarcelamiento del opositor Leopoldo López, recientemente liberado, el gobierno español demuestra constante interés por mantener y mejorar las relaciones comerciales con Venezuela. Desde que empezara su campaña política contra Podemos y el régimen bolivariano, lo hace de forma discreta, casi secreta, como demuestra la reunión informal mantenida el el 25 de junio de 2015 durante una escala de 24 horas entre Jesús Gracia, Director del SECIPI español y Calixto Ortega, Viceministro de Exteriores para Europa del Gobierno de Maduro, en la que la propia página oficial del Instituto de Comercio Exterior del Ministerio de Economía español reconoce que el alto funcionario "expuso la importancia de la inversión española en Venezuela y los problemas que padecen las empresas allí afincadas y que se solucionarían con una relación más fluida y cordial entre ambos gobiernos".

Comercio desequilibrado

Esta misma fuente del ICEX asegura que, en contra de lo que podría parecer, dada la imagen de desastre económico que da el Gobierno del Partido Popular constantemente sobre Venezuela. "La actividad empresarial española en Venezuela se mantiene sin apenas cambios". Pero también aporta el refuerzo a la teoría de que el gobierno del PP está utilizando la presión política contra el régimen venezolano para lograr objetivos económicos, ya que afirma que la balanza comercial se ha desequilibrado a favor Venezuela en los últimos años.

Las exportaciones españolas a Venezuela, que en 2012 superaban los 1.545 millones de euros han caído hasta los 360 millones en 2016 y el motivo no es el que pudiera parecer, sino que estas importaciones estaban vinculadas a las obras en infraestructuras que realizaban las empresas españolas en Venezuela (metro, puertos, etc).

Una vez concluidas estas no es necesario seguir importando materiales y las empresas españolas como Acciona, ACS o Iberdrola no han visto mantenidos sus ingresos ya que los contratos de mantenimiento y reposición de esas infraestructuras han sido otorgados a empresas venezolanas o de otros países distintos a España.

Compensar con armamento

Sin embargo, las importaciones españolas desde Venezuela siguen siendo muy altas y se sitúan en un valor de 820 millones de euros y además el gobierno venezolano adeuda casi 8.000 millones de euros a las empresas españolas. Todo esto hace que la única manera de equilibrar la balanza comercial que ha encontrado el PP es permitir una incremento en la venta de armamento al régimen bolivariano, que se ha incrementado un 640% desde 2012, pasando de apenas 600 millones de euros a superar los 10.500 millones, según se refleja también en la página del ICEX.

Todos estos datos, unidos a los documentos que han sido hallados dentro de la investigación del caso Lezo, por los que el hermano de Ignacio González, antiguo presidente de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, sobornó a funcionarios del gobierno de Nicolas Maduro para obtener contratos públicos, ha hecho pensar que el objetivo del PP con su presión política incluye también el presionar al gobierno venezolano para que beneficie de nuevo a empresas españolas.

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