Se ha debatido en la Cámara de los Lores el proyecto de ley de muerte asistida, en la que los médicos estarían capacitados legalmente para prescribir dosis letales a pacientes cuya esperanza de vida no superase los seis meses.
España dista mucho del nivel de avance social de alguno de esos países pero la pregunta es por qué la sociedad española experimenta tan fuerte rechazo a minimizar el dolor de un ser querido, acelerando su final de forma controlada por profesionales sanitarios. El dolor animal, no obstante, se contempla bajo otro prisma muy diferente; si se es tolerante ante el dolor animal permitiendo la administración de una inyección letal para no prolongar innecesariamente su sufrimiento, ¿por qué la especie humana se vuelve intolerante con sus iguales hasta el punto de permitir el dolor encarnizado, cuando lo natural es morir?
En un país como España, en el que la libre disposición del propio cuerpo choca con el estamento católico, la muerte digna encuentra obstáculos en todo el espectro social. Es por ello por lo que la muerte asistida existe en países de tradición luterana o protestante, como Dinamarca, Suecia, Holanda o Bélgica o se debate, como es el ejemplo de Reino Unido, en países donde ha habido una ruptura ancestral con Roma. El golpe franquista del general Franco en 1936, que encumbró a la Iglesia católica como poder fáctico, supuso una involución en esta forma de afrontar la vida, en la que algunos profesionales sanitarios ayudan a morir practicando una eutanasia pasiva pero no se atreven a deliberar sobre la muerte asistida para no crear un conflicto penal.
El futuro se torna oscuro por la propia evolución política del país, en que la derecha resucita antiguas estructuras elevando a la categoría de autoridad la religión católica en las escuelas, a modo de adoctrinamiento de futuros fieles e impidiendo la libre disposición del propio cuerpo en asuntos como el derecho a abortar de las mujeres.
No se trata solo de una reivindicación de la laicidad de Estado contemplada en la Constitución; España ha sido tradicionalmente un país pobre subvencionado durante décadas desde los años setenta. La corrupción ha contaminado el sistema hasta apoderarse del poder de decisión de la gente, que observa impotente cómo las ayudas a la dependencia desaparecen mientras propietarios de geriátricos como Vicente Cotino, familiar del presidente de las Cortes valencianas Juan Cotino, pedía, según el diario El Mundo, "cortar el grifo a las ayudas a la dependencia para llenar las residencias".
En una comunidad en la que se han llegado a retrasar hasta 300 días dichas ayudas, ¿quién plantea a los cuidados paliativos para favorecer una muerte digna, cuando lo que interesa es que el moribundo aguante como sea?
