La alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) presentó esta semana un "acuerdo de gobernabilidad" para el gobierno de unión nacional que se instalará en Venezuela una vez que el chavismo sea desplazado del poder.

El vocero de la oposición fue el diputado y ex presidente del Parlamento venezolano, Henry Ramos Allup, quien destacó que una vez que se logre el cambio que desea la mayoría del país, más del 80 % según recientes encuestas, conformarán un gobierno de unidad.

De acuerdo al documento, la oposición venezolana acordó que la crisis humanitaria en Venezuela será la prioridad de este gobierno de transición poniendo especial atención al tema del abastecimiento de alimentos y medicamentos.

La inseguridad también será un asunto prioritario para este gobierno post-chavismo.

En nombre de la MUD, el veterano parlamentario enfatizó que toda la lucha de la dirigencia opositora se enfocará en asistir a la población más vulnerable del país.

"Nunca más se sacrificará al pueblo, como ha hecho este régimen, por principios con metas distintas a su propio bienestar, como ha hecho este régimen", comentó el vocero opositor.

Un gabinete con "los mejores"

La oposición al régimen chavista también indicó que el próximo presidente será elegido a través de primarias.

Esta persona deberá comprometerse a renunciar a la reelección inmediata, una posibilidad incorporada en la Constitución venezolana por el fallecido Hugo Chávez.

El gabinete del gobierno post-chavista estará conformado por "los mejores" y los "más capacitados", según los planes de la alianza opositora. Estas personas deben tener vocación de servicio y sensibilidad social, y poner al pueblo por encima de sus intereses particulares.

La propuesta de la oposición se produce en momentos cuando Venezuela vive una ola de protestas que ya lleva más de 100 días y casi un centenar de muertos. En respuesta a estas manifestaciones antigubernamentales, Maduro propuso una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Carta Magna aprobada durante el Gobierno de Chávez, lo que ha provocado una fuerte presión internacional para que el mandatario cambie de idea.

Nuevos magistrados

El viernes 21 de julio, tal como lo había prometido, la mayoría opositora del Parlamento designó a 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo que desató otro choque entre los poderes Legislativo y Judicial: el primero desconoce a los jueces de la máxima corte del país por la forma en la cual fueron nombrados y el segundo ha declarado "en desacato" a la Asamblea Nacional.

El Supremo indicó que con el proceso llevado adelante por los diputados opositores "se configura el delito de usurpación de funciones a quienes concurran en la inconstitucional pretensión de designación de magistrados". Según lo mencionado por el presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza, habrá "consecuencias jurídicas".

¿Institucionalidad paralela?

Desde el chavismo, lo anunciado por la oposición es ilegal y es visto como un delito, pues, a su juicio, se trata de establecer instituciones del Estado paralelas.

Para el ministro venezolano de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, este gobierno unitario no es más que un "parapeto", por lo cual hay que "esperar a ver si hay venezolanos que se presten para algo como eso”.

"Eso no parece muy serio, esperemos el desarrollo de los acontecimientos (...) Van a nombrar unas autoridades paralelas, ¿y de dónde van a despachar? Van a nombrar unos magistrados, ¿y desde dónde despachan esos magistrados? ¿Van a designar a todos o solamente algunos? Eso es como una caricatura", opinó durante una entrevista en el canal estatal Venezolana de Televisión.

Villegas agregó: "En el Estado solamente hay una legalidad (...) Lo que pretenden establecer es un paralelismo que es usurpación y eso es delito". En su opinión, "pareciera una tomadura de pelo".

Georg Dick, diplomático alemán que se desempeñó como embajador en Venezuela hasta 2012, dijo a la agencia DW: "La oposición intenta utilizar los medios que le quedan (...) Una oposición confrontada con un gobierno que simplemente no toma en cuenta y niega las mayorías democráticas, tiene que encontrar vías para intentar hacer patente la voluntad de esa mayoría de la población".

Resaltó que esta situación "pondría más en evidencia la división y el peligro de una guerra civil, aunque no es esa expresión adecuada.

Lo correcto sería hablar del peligro de guerra de un gobierno contra su población".

¿Un gobierno e instituciones paralelas contará con el apoyo de la comunidad internacional? Dick destacó que aunque "la oposición cuenta con fuertes simpatías en el exterior, (...) la simpatía no alcanza a ser en la política un factor que provoque cambios directos".
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