Inmigrantes centroamericanos radicados en Estados Unidos, en especial aquellos procedentes de Guatemala, Honduras y El salvador, temen ser repatriados. Esto, luego de que la Patrulla Fronteriza comenzara el pasado 2 de enero una ola de redadas en varias regiones de la unión americana.
Por esta razón, grupos proinmigrantes como United We Dream, We count!, Women Worker Together USA y American Friends Service Commitee en el sur de Florida, anunciaron que el próximo 6 de enero comenzarán una vigilia, como protesta contra las redadas que el Gobierno del presidente Barack Obama inició de manera masiva desde los primeros días de este 2016.
El plan para las deportaciones de inmigrantes centroamericanos fue revelado por The Washington Post en la víspera de Navidad. La publicación anunciaba que la administración del mandatario estadunidense alistaba una serie de redadas que se ejecutarían en cuanto iniciara el nuevo año. Esto para deportar a cientos de familias centroamericanas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos en 2014, huyendo de la violencia que azota sus lugares de origen.
También se aseguró que estas deportaciones están dirigidas sólo a niños y adultos, contra quienes un juez migratorio ya emitió órdenes de repatriación de Estados Unidos. Y pese a que el vocero presidencial de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró que se busca únicamente deportar a personas con antecedentes criminales y/o de reciente ingreso, la incertidumbre cunde entre los defensores de inmigrantes, quienes temen que las extradiciones no se limiten a los grupos especificados.
Aunado al cálculo de que estas acciones afectarán a más de 100 mil familias.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional no ha confirmado de manera oficial el inicio de las redadas ni ha revelado detalles al respecto, los proinmigrantes aseguran que ya comenzaron; pues hay informes de operativos emitidos por la Oficina de Inmigración y Aduanas en Atlanta, Georgia y de centros de detención en Texas, así como de Carolina del Norte, a donde han sido remitidos cientos de indocumentados, quienes serán deportados a menos de que un abogado especialista en asuntos migratorios haga una intervención.
Por otra parte, la representación legal ofrece a los migrantes la posibilidad de obtener un amparo migratorio. Sin embargo, una investigación reciente, realizada por la Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), dio a conocer que “sólo una cuarta parte de las familias con un proceso en una corte de inmigración tiene abogado”.
El mismo estudio reveló que más de 5 mil 800 migrantes salvadoreños, guatemaltecos y hondureños ya han recibido una orden para su deportación.
Mientras tanto, la United We Dream, una organización de jóvenes inmigrantes han emitido un folleto con recomendaciones que las familias de indocumentados pueden poner en práctica cuando los agentes de inmigración se presenten en sus domicilios.
Con la leyenda “No le abras la puerta a la Migra”, los activistas sugieren a la gente que exija una orden de deportación, que la policía deberá deslizar bajo la puerta. También se recomienda no responder ninguna pregunta y ejercer el derecho de permanecer callados.
Así mismo, los gobiernos centroamericanos de El Salvador y Guatemala sumaron esfuerzos para apoyar a sus connacionales.
Los Ejecutivos de dichos países emitieron recomendaciones para que los posibles afectados puedan defenderse, e hicieron hincapié en que a pesar de su condición de indocumentados; tienen derechos que se deben y pueden hacer valer.
