Alberto Casero, antiguo alcalde de la localidad cacereña de Trujillo y exdiputado del Partido Popular, ha sido condenado a un año y nueve meses de cárcel, seis años de inhabilitación y al pago de una indemnización por un valor cercano a los 70.000 euros tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, este mismo martes.
Alberto Casero no está de acuerdo con lo que ha sucedido
Alberto Casero ha sido declarado culpable de varios delitos de malversación y prevaricación durante su etapa al frente del municipio. A su salida de las instalaciones de la Audiencia Provincial de Cáceres, Alberto Casero ha declarado que no está satisfecho con lo que ha sucedido, “pero esto es lo que hay”.
La audiencia en la que las dos partes han llegado al mencionado acuerdo duró algo más de una hora y el juez dictó sentencia tras la firma del acuerdo de conformidad.
La sentencia por escrito será dictada en un periodo de 20 días y en la misma se declarará a Casero como autor de una serie delitos de malversación y prevaricación en un total de cinco contratos de índole pública de convenios, patrocinio o servicio que se realizaron entre marzo del 2017 y el mes de diciembre del año 2018. El exdiputado incumplió, según la mencionada sentencia, la formalidad que se exige bajo la normativa de este tipo de documentos.
El que fuera diputado del Partido Popular, asistido por su abogado, no tendrá que entrar en la cárcel gracias a haber realizado un pago inicial de una cantidad cercana a los 10.000 euros y, durante 60 meses, una mensualidad de 1.000 euros.
Alberto Casero, que fue alcalde de la localidad extremeña de Trujillo durante los años 2011 y 2019, se enfrentaba a la posibilidad de una pena de prisión de ocho años, la inhabilitación durante dos décadas (de manera absoluta) y el pago de una indemnización próxima a 70.000 euros al ayuntamiento.
El juez considera demostrada la prevaricación por parte de Casero
Casero, igualmente, fue diputado a nivel nacional entre los años 2019 y 2023, aunque él tuvo que renunciar de manera voluntaria a su acta y este año, tras recibir la propuesta del Tribunal Supremo de llevarle a juicio por una serie de delitos directamente relacionados con los contratos municipales firmados durante su etapa como alcalde, se dio de baja del PP.
Según el juez del Supremo, se daban "vedadas contrataciones verbales" o sin tramitación ni publicidad en los supuestos que la cuantía requería, además de elusión de los mecanismos de control y asunción de pagos por el total de los servicios que además de periódicos se prestaban a entidad en la que el municipio solo era una parte, entrando en el ilícito penal de la prevaricación.
