Kiko Hernández, conocido colaborador de la parrilla televisiva de Telecinco en Sálvame, Gran Hermano, Supervivientes, y un largo etcétera, ha sido condenado a seis meses de prisión por un delito de apropiación indebida tras haberse quedado con 14.000 euros de un cliente que buscaba realizar una transacción inmobiliaria y vio en el conocido colaborador el perfecto escaparate para sus operaciones inmobiliarias.

No obstante lo cual, pronto se llevó una nefasta sorpresa cuando al entregarle la citada cantidad, el colaborador decidió de un día para otro cerrar la empresa Popular House S.L., de la cual queda probado en la Sentencia y ratificado en apelación que figuraba como socio y único administrador.

El cliente buscaba comprar una vivienda en el año 2008, y más de 7 años han tardado en hacerse justicia..

Es importante destacar que la sentencia critica la manera de proceder de Kiko Hernández, quien trató de evadir la justicia esgrimiendo que el cliente nunca trató de llegar a un acuerdo para reducir la cantidad o los plazos de entrega, llegando incluso a afirmar ante la justicia que desconocía si había recibido o no la cantidad de los 14.000 euros.

Por último, también se excusó en que debido a la crisis no podía hacer frente a la devolución de la cantidad, cantidad que en ningún momento le correspondía y por la que no podía disponer libremente, pues iba dirigir a concretar la escritura de una compraventa de una vivienda para el cliente que contrató sus servicios. Además, poca credibilidad podría tener esta frase si este personaje televisivo aparece día sí y día también en la Tele.

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El comprador se vio totalmente desamparado y con un agujero económico en su haber. Además, se sintió engañado, pues había concretado una fecha para pactar la firma de la escritura y presentarla ante Notario, aunque desde la empresa de Kiko Hernández siempre se buscaban retrasar las gestiones. Llegó un momento en el que la empresa cerró de un día para otro, quedándose sin dinero y sin vivienda, y sin posibilidad de contactar con el colaborador, pues le dieron un número de teléfono de contacto en desuso.

A pesar de la condena en instancia y ratificada en apelación, para suerte del colaborador, no pisará la cárcel, siendo obligado por la Justicia a devolver las cantidades adeudadas, al no superar la pena el año, y al no tener delitos anteriores.