Según fuentes del diario 20 Minutos. Una pareja acudió en 2013 a su médico con el fin de solicitar el tratamiento de reproducción asistida. Una vez solicitado, se realizaron las pruebas oportunas en el Hospital del Tajo sito en Aranjuez pero al no tener unidad específica de reproducción asistida, la pareja fue derivada al Doce de octubre. Este hospital rechazó la asistencia a la pareja alegando que la madre no tenía ningún problema para gestar y que tenía una pareja femenina.

La pareja, Mariella y Lourdes se desilusionaron tanto que dejaron los meses pasar sin hacer nada, pero pasado un tiempo no pudieron olvidar la idea de ser madres,tener un bebé, querían formar una familia y tenían todo el derecho del mundo a hacerlo, así pues, pidieron que su caso se derivara a la Fundación Jiménez Díaz ya que tenían la libre elección de médico pero esta vez se presentaron alegando que Mariella quería hacerlo como madre soltera y no como lesbiana.

Al tener que crear un nuevo expediente Mariella tuvo que volver a pasar por todas las pruebas, pero como la mayor ilusión de la pareja era tener un hijo, volvió a pasarlas. Mariella inició entonces el tratamiento, primero la preparación hormonal y después las tres inseminaciones artificiales, que fueron fallidas.

El golpe que recibieron fue muy gordo, pero la pareja no se rindió y decidió realizar la fecundación in vitro, pero cuál fue su sorpresa cuando el centro médico las comunicó que no podían seguir con el tratamiento porque acababa de entrar en vigor una orden ministerial por la que solo tras 12 meses de relaciones sexuales con una pareja masculina y sin métodos anticonceptivos que no hubieran sido fructífero se podría realizar la inseminación in vitro.

Ahora la pareja ha decidido comenzar otra batalla, la legal, y llevar el caso a los tribunales, pues, según declaraciones de su abogada Paula Ibáñez, el hecho es una discriminación múltiple que limita a un solo modelo de mujer heterosexual la reproducción asistida publica.

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Esta es la sanidad del PP, una sanidad que discrimina a las mujeres y que deja a las lesbianas y mujeres solteras como ciudadanas de segunda categoría y sin derecho a formar su propia familia a no ser que sea pagando un coste que supera a veces los 8000 euros en centros privados.