Lourdes y Mariela son dos mujeres que forman una pareja y que tenían la ilusión de tener un hijo. Empezaron los trámites para poder llevar su sueño a la realidad mediante la sanidad pública pero les han detenido el procedimiento de poder dar a luz y ya no podrán tener su bebé sólo por el hecho de ser lesbianas.

Ahora han querido denunciar los hechos y lo hacen con la ley a su favor ya que según la Ley 14/2006, la reproducción asistida puede llevarse a cabo mediante la sanidad pública independientemente del estado civil y la orientación sexual de las personas que la soliciten.

Lo único que se comenta es que no se podrá dar este tipo de asistencia a las personas que hayan estado intentando quedarse embarazadas durante un año entero utilizando métodos como el coito vaginal y sin hacer uso de sistemas de anti-concepción.

Es decir, que las parejas que no tengan relaciones sexuales o las mujeres que no tengan pareja también quedan excluídas del sistema sanitario y tampoco pueden tener hijos.

Esta ley hace que muchas mujeres no puedan utilizar el sistema de financiación pública para poder tener hijos y que haya muchas afectadas que por mucho que deseen ser madres vean frustradas sus ilusiones. El caso de Mariela y Lourdes está dando mucho que hablar y se están retomando temas serios que discriminan a las personas por una orientación sexual o por el estado social en el que se encuentran además de atacar los derechos humanos de las personas.

De hecho, Mariela y Lourdes ya habían pasado primero una negativa desde el hospital de Tajo de Madrid. La explicación que les dieron fue que al tener una pareja femenina no cumplían con los requisitos del hospital para poder ofrecer la asistencia hospitalaria en reproducción asistida.

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Y esta vez, empezaron los trámites para hacer la reproducción sin dar cuentas de que tenían una pareja femenina y no masculina. Aunque no en el mismo hospital sino la Fundación Jiménez Díaz. Todo empezó bien, aceptaron que hiciera las pruebas y parecía que avanzaba. Incluso la añadieron en la lista de espera como a todas las mujeres que quieren pasar por la reproducción asistida. En su caso le tocaba una espera de medio año.

Pero cambiaron las leyes de nuevo y se pararon todos los trámites. Es decir, que a parte de no poder tener hijos, Mariela y Lourdes se gastaron el dinero de las pruebas de los tres intentos de inseminación artificial que se pueden hacer. La Ley deja hacer estos tres intentos y si no van bien luego tres intentos de fecundación in vitro. Ha que tener en cuenta que son procesos costosos y que cada uno de los intentos les costó unos 400 euros.

Ahora ellas denuncian dos cosas, primero, la discriminación que sufren por ser madres lesbianas (igual que ocurriría para madres solteras) porque para poder hacer lo mismo que otra mujer les toca pagar entre 2.000 y 8.000 euros que no tendrían que pagar si fueran mujeres heterosexuales y con actividad sexual.

Además, también señalan que hay zonas como Extremadura o Cataluña que no sufren esta discriminación porque sencillamente no han aplicado la Orden y piden igualdad en el resto de España para que tampoco se aplique.