La Fiscalía General del Estado ha rechazado la ilegalización de Bildu alegando que es “una formación política democrática”. El Ministerio Público remarca en su informe que debe rechazarse la posibilidad de instar el procedimiento de declaración de ilegalidad de la organización. Previamente, Jucil, una asociación de guardias civiles, solicitó la ilegalización de la formación encabezada por Arnaldo Otegi.
La Fiscalía había pedido un informe sobre EH Bildu
Tras la denuncia de Jucil por la incorporación de 44 condenados de ETA en la lista electoral, siete de ellos por delitos de sangre, la Fiscalía General del Estado solicitó un informe sobre EH Bildu suscrito por el fiscal Antonio Narváez y la fiscal Ana García León.
En diez páginas, los fiscales determinaron que la organización era una formación política compatible con los principios democráticos.
El documento salió a la luz tras la renuncia de los siete candidatos
El informe realizado por los fiscales se ha conocido después de que los siete condenados por delitos de sangre renunciaran a las listas electorales. Los candidatos a concejales afirmaron a través de una misiva que renunciarían a sus cargos si eran elegidos. En el documento de los representantes de la Fiscalía General del Estado recordaron que la disolución de una organización política era una de las medidas más graves adoptadas en democracia.
En ese contexto, los fiscales repasaron la resolución de la Sala 61 del Tribunal Supremo cuando llevó a cabo la ilegalización de Batasuna.
Asimismo, explicaron que en el sistema constitucional del país tenían cabida todas las ideas y proyectos políticos, incluso los que inquietaban. Los representantes del Ministerio Público remarcaron que todo proyecto era compatible con la Constitución siempre que no vulnerara los principios democráticos.
El escrito desgranó el asunto de los condenados
Por otro lado, en el informe afirman que incluir a personas condenadas por delitos, que ya han cumplido su pena, en las listas electorales de la organización política no constituye por sí sola una causa de ilegalización. Los fiscales recordaron que siempre debían concurrir los presupuestos de fomento de la violencia para conseguir fines políticos, la vulneración de las libertades y los derechos, así como el apoyo político a organizaciones ilegales.
El documento también explicó que EH Bildu no era un partido, sino una coalición de dos que habían condenado públicamente la violencia y que habían aceptado el ejercicio de la actividad democrática en el marco constitucional y democrático. Los fiscales recordaron que ETA se disolvió hace 12 años y añadieron que bajo esa nueva perspectiva debían valorar el asunto.
Ahora la Fiscalía ha archivado la denuncia por las listas de Bildu tras no hallar indicios de ilegalidad. El fiscal determinó que tras el análisis de los antecedentes de los 44 condenados no apreciaron circunstancia alguna para encontrar un supuesto que les impidiera ser elegibles de acuerdo a la ley.
