El magistrado Manuel García Castellón ha sacado de la causa Púnica a los populares Esperanza Aguirre e Ignacio González. El juez accedió a la petición de la Fiscalía Anticorrupción que pidió que fueran archivadas las investigaciones a ambos. El procedimiento fue iniciado en 2014 después que una comisión rogatoria de Suiza por el posible delito de blanqueo de capitales en el que se investigaba a Francisco Granados.
El juez sacó a Esperanza Aguirre y a su sucesor en la Comunidad de Madrid, al igual que lo hizo con Cristina Cifuentes hace algunos meses.
En el procedimiento se ha investigado la financiación del Partido Popular de Madrid en las campañas autonómicas del año 2007 y 2011 y los comicios generales de 2008.
Francisco Granados sí se sentará en el banquillo de los acusados por el caso Púnica
Manuel García Castellón sí ha visto indicios para sentar en el banquillo de los acusados al exconsejero madrileño Francisco Granados. El juez ha investigado durante el procedimiento las adjudicaciones en la contratación pública y los contratos para posicionar a los altos cargos del PP en el mundo 2.0.
En la investigación Manuel García Castellón ha determinado que la fuente principal para la captación de recursos económicos se hacía a través de aportaciones de dinero en efectivo.
Los aportes eran entregados a Francisco Granados quien registraba los desembolsos en una libreta negra.
En la libreta el exconsejero madrileño hacía algunas retenciones para él y para otras personas ajenas al PP. El resto del dinero era enviado por el exconsejero madrileño al gerente regional de los populares Beltrán Gutiérrez.
El magistrado ha archivado la causa para 71 personas físicas y tres jurídicas.
Los investigados por el magistrado en el caso Púnica y el papel de Beltrán Gutiérrez
Asimismo el magistrado decidió sentar en el banquillo a Beltrán Gutiérrez por su papel como gerente regional del PP, además de Francisco Granados y otras seis personas por la presunta financiación irregular de las elecciones autonómicas en 2011.
En el auto se explican las maniobras del Partido Popular para ocultar los gastos reales de la campaña.
El encargado del caso también rechazó la solicitud de Izquierda Unida, PSOE y Adade de imputar al PP nacional. El magistrado justificó su decisión alegando que las maniobras correspondían al Partido Popular regional que contaba con autonomía. Por otro lado, el juez determinó que a pesar de que se habían gastado fondos públicos para mejorar la imagen de Esperanza Aguirre, aunque no existían indicios de que ella conociera esas maniobras.
Sin embargo, la directora de Medios de la Comunidad de Madrid, Isabel Gallego, y el responsable de la empresa Alejandro de Pedro sí se sentarán en el banquillo. Cabe recordar que el escrito de la Fiscalía Anticorrupción que pedía sacar del caso a Esperanza Aguirre no estaba firmado por los dos fiscales principales.