El partido VOX sostenía que entre los meses de marzo y abril del año 2020 el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria suscribió 56 contratos sin cumplir con las normas de publicidad y dejando a un lado las reglas del procedimiento administrativo. Las gestiones de INGESA se produjeron durante la pandemia del Coronavirus, además la formación verde refería que los contratos fueron adjudicados a empresas de dudoso origen.
Ahora la Fiscalía Provincial de Madrid pidió al Juzgado de Instrucción Número 26 que archive la causa contra los tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez por presuntas irregularidades en la compra de material sanitario.
El órgano investigador ha determinado que no existen los indicios mínimos para continuar indagando sobre el asunto.
La Fiscalía cree que se ha realizado la fiscalización necesaria sobre los contratos de material sanitario
Para la Fiscalía es necesario aclarar que durante la pandemia del coronavirus fue oportuno adaptar la forma de llevar a cabo las contrataciones. Sin embargo, el órgano investigador recuerda que los análisis del Tribunal de Cuentas demostró cómo se cumplió con todas las reglas del procedimiento administrativo.
Asimismo la Fiscalía asegura que en la querella de VOX no se alega con claridad los incumplimientos en el procedimiento administrativos durante las contrataciones para el material sanitario.
Por eso el órgano investigador cree que la notoriedad no es suficiente para adelantar unas investigaciones que ya cuentan con otros mecanismos genéricos al momento de las indagaciones.
Los tres altos cargos del Gobierno de Sánchez que rindieron declaraciones ante la Fiscalía
El director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, la directora general de Cartera Común del Servicio de Sistema Nacional de Salud y Farmacia, y la directora general de la Racionalización y Centralización de la Contratación han rendido declaraciones ante las autoridades.
Sin embargo, el Ministerio Público cree que simplemente la querella se basa en 'meras conjeturas' que surgen tras la noticia 'criminis'.
Por su parte la Abogacía del Estado habría suministrado la información necesaria sobre los contratos de material sanitario mencionados en la querella de VOX. En ese sentido el Ministerio Público aseguró que la documentación permite observar el cumplimiento de la forma de contratación y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los adjudicatarios.
Asimismo la Fiscalía recordó cómo el director de INGESA reconoció su responsabilidad en la materia de contratos aunque el alto cargo subrayó que todo el procedimiento fue fiscalizado por el Tribunal de Cuentas.
