El Gobierno de España, a través del ministro de Justicia Juan Carlos Campo, se está planteando realizar una revisión de delitos por “excesos en el ejercicio de la libertad de expresión” en el país. El Ejecutivo desea que bajo esa inspección surja un plan para no aplicar penas por esa causa sino más bien avanzar en la aplicación de medidas de disuasión para castigar dichas conductas. El anuncio se ha dado conocer por parte de la Moncloa mediante un comunicado.
El ejecutivo español encabezado por el presidente de España Pedro Sánchez, ha declarado que las decisiones de revisión de los delitos consagrados por “excesos en el Ejercicio de la libertad de expresión” son exigencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Derecho Europeo y el Tribunal Constitucional.
El Ministerio de Justicia se ha propuesto lograr importantes reformas en el Código Penal, exactamente en ámbitos importantes como el delito de odio, humillación a las víctimas, los delitos de injurias a la Corona y otras instituciones, entre otros.
Solamente castigos a las conductas, no penas, dice el Gobierno de España
El Gobierno del presidente Pedro Sánchez ha afirmado mediante un comunicado que solamente desea que se apliquen castigos a las conductas que impliquen el ejercicio de la libertad de expresión bajo excesos, pero no que se impongan penas privativas de libertad contra esas personas acusadas. El Ejecutivo cree que con esa forma de acción se logren resultados a través de la disuasión.
Así como sostiene que serán merecedoras de esos castigos las personas que supongan “un riesgo para el orden público.”
El derecho penal no es el mejor instrumento para solucionar el problema, ha dicho el Gobierno
Mediante el comunicado de la Moncloa, el Gobierno de España ha explicado que considera que el derecho penal no es el mejor instrumento para el problema concerniente a la libertad de expresión, y que por ello recurren a la acción disuasoria.
El Ejecutivo cree que el uso de la instancia penal no es además proporcional con el caso, ni mucho menos necesario. Porque su castigo influye como un mecanismo que distorsiona la libertad de expresión en el país.
En el Gobierno se aboga por “no desalentar” la libertad de expresión
El Ejecutivo español ha referido que abogan por “no desalentar” la libertad de expresión, y que como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, la Unión Europea, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, la instrumentalización del derecho penal para casos que se vinculen al ejercicio de tan importante derecho ocasiona daños al mismo.
Para el Gobierno resultad además complicado delimitar en dónde se ubican los límites entre el derecho ejercido y el delito supuestamente se está cometiendo.
Lo complicado de las faltas en el ejercicio de la libertad de expresión según el Gobierno de Sánchez
El Gobierno del PSOE sostiene que esas faltas en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión bajo la aplicación del derecho penal “generan inseguridad,” además han referido que en los mismos existe una distorsionada definición del “bien jurídico protegido”, lo que complica todavía mucho más la aplicación de penas en ese sentido. Y lo que los va acercando al castigo de conductas sin el derecho penal.
Unidas Podemos avanza en la misma dirección que el PSOE
El partido Unidas Podemos posterior a la declaración del Gobierno de España también se pronunció para decir que registrarán en el Congreso una propuesta de ley, dicho instrumento jurídico tiene como fin evitar que se castiguen conductas vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión. Para la formación morada es preocupante el avance que ha tenido el uso de instrumentos como la ley mordaza y el Código Penal para coartar las libertades de los españoles en los últimos tiempos.
