Las aguas vienen revueltas en el gobierno de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, por la gestión que viene desarrollando su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. En esta ocasión, las acusaciones van dirigidas hacia la formación política que dirige Inés Arrimadas en relación al escándalo de los dos apartamentos de lujo en los que se ha mantenido confinada la destacada dirigente del Partido Popular de Madrid.
Isabel Díaz Ayuso pide una investigación
Después de la repercusión mediática que ha tenido este caso en los medios de comunicación, los populares están tratando de conocer lo que ha pasado en este caso político.
Y desde el entorno de Isabel Díaz Ayuso han llegado a la conclusión de que alguien avisó a la prensa sobre la existencia del contrato por valor de 565.000 euros en los apartamentos de lujo propiedad del empresario Kike Sarasola. Hasta el punto de que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha invitado a su socio de coalición, Ciudadanos, a que abra una investigación en la Consejería de Políticas Sociales. Da la casualidad que este departamento autonómico está al mando de Alberto Reyero, una de las figuras en alza dentro del partido naranja.
Un delito tipificado con pena de cárcel
Por este motivo, no ha sido de extrañar que la presidenta Díz Ayuso haya declarado que: "en este caso lo único raro que ha habido ha sido un contrato que se ha subido de forma casual”.
Sea casual o no, lo cierto es desde las fuentes del Partido Popular está creciendo la tesis de que en la Consejería de Políticas Sociales se habría llevado una actuación que califican como “falsificación de documento público”. De ser ciertas estas sospechas por parte de los populares, sus compañeros de gobierno estarían expuestos a ser acusados de un delito penado con pena de cárcel.
Al estar recogido en el artículo 390 del Código Penal al ponerse de manifiesto que “será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad documental”.
Un pacto de gobierno que puede saltar por los aires
De cualquier forma, los efectos colaterales de los apartamentos de Isabel Díaz Ayuso pueden llegar a que se rompa el pacto de gobierno que existe en la Comunidad de Madrid. Con la participación del Partido Popular y Ciudadanos que también están apoyados por Vox, aunque en este caso de forma externa y sin entrar en el ejecutivo madrileño. Dentro de las variables en los escaños, una aproximación entre el PSOE y el partido de Inés Arrimadas podría variar en la autonomía con mayor peso específico en el estado español. Algo que están aventurando los medios de comunicación que puede pasar en las próximas semanas.
