Ignacio González ha tenido que declarar ante el juez y ha negado, en todo momento, que Esperanza Aguirre hubiera ordenado la contratación con empresas que forman parte del conocido “caso Púnica”. De esta manera, Ignacio González ha sido capaz de eludir todas las incriminaciones en contra de la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que declara hoy como imputada dentro del “caso Púnica” por la supuesta financiación de manera irregular del Partido popular de la región de Madrid.

Las investigaciones tienen como prueba reuniones llevadas a cabo en el año 2004 donde Esperanza Aguirre solicitaba contratar con determinadas empresas afines al PP

Ignacio González, que fue presidente autonómico, también ha declarado frente la Fiscalía Anticorrupción y ante el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, asegurando que no recuerda haber llevado a cabo ninguna orden o indicación de Esperanza Aguirre para poder relizar contrataciones con empresas que estarían financiando de manera irregular al mencionado partido político.

Las investigaciones que se han llevado a cabo defienden que en una reunión realizada en el año 2004, Esperanza Aguirre solicitó a varios de sus consejeros que firmasen contratos con la empresa propiedad de Horacio Mercado, propietario de Over Marketing. A cambio de este contrato, el mencionado empresario se haría cargo de varios gastos electorales del Partido Popular. Manuel Lamela, ex-consejeto que también está imputado, ha declarado que Esperanza Aguirre les hizo una invitación para que trabajasen con Mercado, no obligaba a nada.

González admite estar en las reuniones, pero dice no recordar que Aguirre le indicara trabajar con Over Marketing

Pero, este jueves, el propio González ha querido recordar ante el magistrado que estuvo en esta reunión, pero no recuerda que la entonces presidenta le señalase que debía trabajar con la empresa Over Marketing. El político imputado ha reconocido que se llegó a reunir con el mencionado empresario, pero que era muy cotidiano que empresas que trabajan en el área del marketing político se reuniesen con miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid para poder ofrecerles sus diversos servicios.

La Fiscalía, igualmente, ha preguntado al propio González por una reunión mucho más reciente. En el año 2012, el que fuera presidente solicitó a José Martínez Nicolás, responsable de la ICM (Agencia de Informática-Comunicaciones), que consiguiera un millón de euros para el Partido Popular a través de sobreprecios en los contratos que les adjudicaban. El imputado ha negado absolutamente todo y solo ha admitido que ha tenido una reunión privada junto a Martínez Nicolás.

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