El polémico juicio por el borrado de datos y archivos de los ordenadores de Bárcenas ha llegado a su fin con las conclusiones por todas las partes que han formado parte del mismo.
Entre los momentos más importantes, Cospedal declaró que no dio la orden de que se borrasen los archivos que había en los ordenadores de la sede del Partido Popular en la calle Génova, en Madrid, que eran utilizados por Bárcenas y contenían toda la información sobre la contabilidad B del partido.
El PP se defiende asegurando que cumplían con la Ley de Protección de Datos
Igualmente, la ex-secretaria del que fue tesorero del partido volvió a declarar que tiró todas las agenda de Bárcenas, en las que se anotan todas y cada una de sus reuniones.
El juicio, que ha sido oral, por el presunto borrado de datos y archivos de los ordenadores, que eran utilizados por el ex-tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en el que se han tenido que sentar varios miembros del Partido Popular y tres de las personas contratadas por aquella época, ha llegado a su fin este mismo viernes con la presentación de las conclusiones por todas las partes implicadas en el susodicho juicio, tras cuatro sesiones en las que se ha podido escuchar a varios testigos y se han realizado diversos peritajes por las versiones que, en muchos casos, se enfrentaban entre sí.
Bárcenas ha vuelto a reiterar que en los ordenadores había información adicional sobre la supuesta caja B del Partido Popular. Por su parte, el partido se ha defendido asegurando que los discos duros no fueron borrados, estaban vacíos previamente y solo les aplicó lo que se conoce como “proceso de borrado de forma segura” para poder cumplir con la Ley de Protección de Datos, en el momento en que el ex-tesorero del Partido Popular dejó de realizar labores en la sede del partido, en la emblemática calle Génova.
Tres son las acusaciones populares que se han presentado: Izquierda Unida junto a Los Verdes y Justicia y Sociedad; el Observatorio de Derechos humanos de Cataluña; y la Asociación de Abogados Demócratas de Europa. Consideran que el Partido Popular es culpable de un delito de daños a nivel informático y, también, culpabilizan a tres empleados por encubrir estos hechos.
No se puede demostrar el contenido de los ordenadores, según la Fiscalía
Mientras tanto, la Fiscalía ha solicitado la libre absolución al manifestar que no se puede acreditar la información que tenía el disco duro de los ordenadores ni que fuera relevante para las investigaciones que estaban teniendo lugar en la Audiencia Nacional en contra del partido.
Al no existir pruebas 100% tangibles, tuvieron como base de la acusación las declaraciones realizadas por los testigos que, en ocasiones, eran completamente contradictorias. Por ejemplo, el que fuera responsable de microinformática del Partido Popular aseguraba no conocer los protocolos de borrado que indicaba el partido, como sobreescribir hasta 35 veces en el mismo disco duro, mientras que varios trabajadores del departamento aseguraban que era una práctica muy habitual en la sede de la calle Génova.
