La jueza que está investigando el caso de corrupción que rodea la construcción del circuito de Fórmula 1 de la ciudad de Valencia ha decidido procesar al propio Francisco Camps y a uno de los hermanos de Mayor Oreja. En la lista de imputados también se encuentran otros nombres como el exvicepresidente de Valencia, Vicente Rambla, entre otros nombres de empresarios y cargos políticos.

La jueza al frente del Juzgado de Instrucción número 17 de la ciudad de Valencia ha decidido introducir nuevos nombres de procesados en el caso que investiga la presunta corrupción en la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 de la ciudad de Valencia: Francisco Camps, expresidente de la Generaritat de Valencia; Vicente Rambla, exvicepresidente; Mario Flores, que ocupó el puesto de consejero de infraestructuras; y a varios cargos que forman parte de la gestoría de la Red de Transporte y Puertos (GTP) de la propia Generalitat, además de varios empresarios muy conocidos de Valencia.

También está en la causa José Mayor Oreja, representante de FCC Construcción S.A. y hermano del exministro popular Jaime Mayor Oreja

La jueza considera que Camps fue el responsable de proyectar y permitir la construcción del susodicho circuito con un único objetivo: impulsar su propia imagen como político y responsable de la Generalitat, al margen de las funciones que tenía como presidente, de la ley que se podía aplicar y utilizando de manera indebida fondos públicos a través de la alteración de datos y fechas en varios documentos administrativos, favoreciendo a empresas concretas que se beneficiaron de adjudicaciones públicas tras efectuar donaciones o entregas de dinero no realizadas de manera altruista, con un objetivo finalista, para lograr ganar dinero con las adjudicaciones realizadas de manera irregular.

Quedan fuera de la investigación, entre otros, la exasesora del propio Camps, Belén Reyero, o el exsecretario general del Partido Popular, David Serra.

Esta resolución todavía no es firme, por lo que hay posibilidad de interponer un recurso por parte de los investigados

La jueza ha tomado estas decisiones tras estudiar las diligencias de la investigación y tras llevar a cabo una serie de instrucciones, tras escuchar las declaraciones de los testigos y de los investigados y después de repasar informes de la propia Guardia Civil y la Policía, entre otra documentación.Todo esto ha llevado a que haya indicios consistentes, sólidos, razonables y suficientes para acusar a Camps de varios delitos como prevaricación, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y/o cohecho.

La jueza ya ha traslado la documentación al Ministerio Fiscal y Abogacía de la Generalitat de Valencia para que escriba un escrito de apelación, para lo cual tiene diez días de plazo, se abra el juicio oral, el archivo de la susodicha causa o se lleven a cabo diligencias de forma complementaria.

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