El pasado 27 de junio el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, dio un plazo de dos días a Puigdemont y sus exconsejeros de gobierno, para que pagaran la fianza por la organización del referéndum ilegal de Cataluña del 1 de octubre. Este plazo está a punto de vencerse y las organizaciones independentistas, aún no han logrado recaudar el dinero.
El referéndum independentista del 1-O
El 1 de octubre del 2017, el Govern catalán realizó una consulta popular en la que alrededor de dos millones de catalanes votaron a favor de la independencia de Cataluña.
Y pocos días después de que el Parlament de Cataluña declarara la independencia, el Gobierno español y su Consejo de Ministros activó el artículo 155 de la constitución que plantea la suspensión de la autonomía de Cataluña.
Al mismo tiempo que Puigdemont y otros 4 políticos catalanes partían hacia Bélgica, se dio inicio al enjuiciamiento del entonces presidente del Govern, Carles Puigdemont y sus consejeros. Se ordenó que fueran a prisión sin derecho a fianza para algunos de los líderes separatistas, por estar acusados de rebelión y sedición, y del uso indebido de fondos públicos para la organización de un referéndum que fue declarado ilegal por el gobierno español. El juicio ha seguido su curso, con algunos de los acusados en prisión provisional y otros huyendo.
Llarena da plazo para pagar fianza
Este 27 de junio, Llarena dio un plazo a Puigdemont y sus exconsejeros para pagar la fianza de 2.135.948,6 euros. Esta suma dinero requerida se estima fue la cantidad utilizada para pagar la organización del referéndum del 1-O. Sin embargo, la Guardia Civil ha señalado que fueron unos 3,2 millones de euros destinados a la organización del referéndum en cuestión.
A horas de vencerse el plazo, los acusados no han logrado reunir el dinero. La ANC, Ómnium Cultural y el PDeCAT, convocaron a sus seguidores, este 29 de junio, para que depositen en “las cajas de solidaridad independentistas” y poder recaudar la suma para el pago de la fianza impuesta. Aunque los implicados y sus defensores han manifestado no estar de acuerdo con el delito que se les imputa, ni la fianza.
La fianza debe ser pagada por Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los exconsejeros, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, y Dolors Bassa, que se encuentran en prisión provisional. De igual manera, Clara Ponsatí, y Toni Comín acusados de rebelión, mientras que Meritxell Serret, Lluís Puig Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borrás, son procesados por desobediencia.
Cabe destacar la fianza no podrá ser pagada por ningún fiador, y que, de no cancelar la fianza al término del plazo dado, el Tribunal Supremo podría embargarles algunos bienes personales a los procesados.
