Francisco Granados, exsecretario general del PP en la capital de España, ha vuelto a levantar escándalo tras su vinculación en la "trama Púnica". Esta vez, acusando a Esperanza Aguirre de haber dispuesto de los fondos de la Comunidad de Madrid para financiar sus campañas.

Dichos recursos estarían implicados así mismo, con el Canal de Isabel II, que ya fuera mencionado en el "caso Lezo". Cabe recordar que precisamente en este último fue mencionado también Ignacio González, quien llegó a estar fuertemente relacionado con Aguirre.

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Granados no ha aportado pruebas de la vinculación de Aguirre con los fondos ilegales

Pese a la gravedad de sus acusaciones, hasta el momento Granados no ha podido aportar ninguna prueba que termine de demostrar la culpabilidad de Esperanza Aguirre. De ser posible, su propia responsabilidad en el caso Púnica iría a menos.

Hasta el momento, el exsecretario ha señalado un traspaso de gestión en cuanto al Plan Prisma, cuyo objetivo era administrar servicios e inversiones a nivel regional. De acuerdo con sus palabras, Aguirre se habría quedado a cargo de tal iniciativa, de manera que los fondos se obtenían a través de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Añadió además, que a la diputada no le parecía que tanto el PSOE como las alcaldías la dejaran fuera de ciertos eventos.

No obstante sus declaraciones, Granados aceptó que le faltaban pruebas, pues mientras fungió dentro del partido no pudo recolectar ninguna clase de documentos. Sin embargo, insistió en que sus palabras fueran tomadas en cuenta ante el juez como defensa y aseguró que cada una de ellas se podía comprobar a base de investigar.

Aguirre no ha declarado nada al respecto.

A pesar de todo, Podemos ha pedido la comparecencia de Cifuentes

Si bien el asunto de Aguirre no ha quedado del todo claro, quien si ha creído oportuno citar a comparecencia a Cristina Cifuentes es Íñigo Errejón, quien considera que su testimonio es una clave esencial en la investigación sobre la financiación fraudulenta del PP ante el Congreso de los Diputados.

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Cabe destacar que dicha medida ha sido secundado por los partidos PSOE y Ciudadanos.

Mientras tanto, se ha dispuesto el 20 de febrero como la fecha para que Granados emita una nueva declaración. Tras su salida de prisión en junio de 2016, aportando una fianza de 400.000 euros, esta sería la primera vez que colabora con la justicia, a la par de Markaliza.