La polémica por el caso Nóos sigue patente a pesar del tiempo, y es que, desde que se conociera la primera sentencia, Urdangarín estaba obligado a hacer frente a una cifra que oscilaba en los 512.000 euros, por malversación de dinero público. Sin embargo, las cosas parece que podrían cambiar, pues unos nuevos informes de la Fiscalía del Supremo han exigido subir la pena que en un primer momento se le impuso.

Se trata de unos informes internos que aconsejan ser más severos con la condena que en un primer momento, pasando de los 512.000 euros a los 6,2 millones de euros. Además de la cantidad económica a pagar, piden que en la condena figure otro delito más, en este caso, por malversación, siendo más duros debido a todos los eventos realizados y además multiplicar considerablemente su responsabilidad civil.

Con todo esto, podemos afirmar que la actitud de la Fiscalía ha cambiado y se están tomando algunas medidas novedosas.

Principalmente, porque la sentencia más mediática y esperada de los últimos años, ha sido considerada por la mayoría como demasiado indulgente. Por ello es que reclaman mayor mano dura al ser vistos en su lado más agravado todos los delitos por los que ha sido juzgado.

Sin embargo, el caso de la Infanta Cristina es muy opuesto al de su marido, Iñaki Urdangarín.

La posición de la Fiscalía es bien distinta. Admiten que nunca debería de haber sido juzgada como acusada y reiteran que es inocente. Por lo que, después de estos nuevos informes internos, la posición de ambos ha cambiado. El que peor parado ha salido es el ex deportista. De hecho, la cantidad que le impusieron a pagar en un primer momento se estima muy baja dado que debería aumentarse hasta lograr la generalidad del dinero público que recibió por ser partícipe en el Instituto Nóos.

Según recoge el diario El Mundo, ya se habrían reunido los primeros informes internos para llevar a cabo un recurso final ante el Supremo. La explicación tras ser fundamentada jurídicamente es la siguiente: "No caben argumentaciones complacientes o exculpatorias". Además admiten la ilegalidad de los contratos celebrados en diversas partes del territorio nacional como Baleares o Valencia, teniendo que devolver todos los beneficios.

En definitiva, todos estos informes dejan patente el rechazo de legitimidad de la asociación "Manos Limpias" como parte acusadora, dejando claro que la hermana del actual Rey Felipe VI jamás debió ser juzgada en forma de acusada.

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