UPYD cree cada vez más necesario la reforma del Estatuto de Autonomía de Galicia para eliminar los aforamientos de los diputados y miembros del Gobierno de la comunidad, siguiendo el ejemplo de Murcia que se ha convertido en la primera comunidad en eliminar la prerrogativa.
El partido ahora liderado por Cristiano Brown, entiende que convendría comenzar por reducir el número de personas que disfrutan de ese privilegio y más ahora que el PP ha apoyado la eliminación del aforamiento en Murcia. Javier Lojo, máximo responsable de la formación en Galicia, señala que “aquí en Galicia no se pudo eliminar el aforamiento por las negativas del PP, pero ahora que apoya su eliminación en Murcia, entendemos que también defenderán esa medida para Galicia” y añade que “espera que la oposición esté a la altura en un tema tan importante para luchar contra la corrupción porque no cabe otra posición”.
En la actualidad, son 81 representantes políticos que gozan de la condición de aforados según el artículo 18 del Estatuto. Una figura que es extensible también a la Valedora do Pobo, Milagros Otero, así como a los jueces, magistrados y fiscales destinados en Galicia. “Somos el país con mayor número de aforados, todo un récord. Si somos un Estado social y democrático no se entiende un privilegio semejante y más si provoca graves problemas judiciales y dificulta la lucha contra la corrupción”, señala Lojo.
Javier Lojo recuerda que fue UPYD el primer partido en defender la supresión de esta prerrogativa hace más de 9 años. “Nadie sabía qué era ser aforado y los problemas que este privilegio traía a la Justicia, al igual que nadie sabía que era la regeneración democrática, solo UPYD lo llevó adelante en sus programas”, subraya.
“Es imprescindible adoptar importantes medidas que sean eficaces para prevenir y combatir la corrupción institucionalizada y a todos los que se benefician de ella”, zanja.
Cabe señalar que Italia y Portugal sólo cuentan con un aforado, mientras que Francia tiene una decena, y en Alemania, Estados Unidos y Reino Unido no hay ninguno.
En España lo son todos los diputados, parlamentarios autonómicos, senadores, presidentes de comunidades y miembros de sus gobiernos, así como los integrantes del poder judicial, defensores del pueblo y adjuntos, entre otros.
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