La Asociación Cívica solicitará al Ayuntamiento de Cogollos Vega (Granada) información sobre el gasto de las costas procesales del contencioso-administrativo que el Consistorio interpuso contra el Gobierno de España, al haber rechazado la celebración de una consulta popular y exigirá que sean abonadas por todos los concejales que votaron a favor y no por los cogolleros.

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Cogollos Vega contra el acuerdo del Consejo de Ministros que denegó el año pasado la autorización para plantear una consulta popular con la que decidir si se mantenía o no la concesión de la gestión del agua a la empresa Aguasvira.

El TS ha recalcado que resulta acreditado que el Ayuntamiento se integró en el Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira. La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal ha desestimado el recurso del Consistorio, al que además ha condenado a pagar las costas procesales.

Desde la Asociación Cívica subrayan que dada la ruinosa situación económica del Ayuntamiento, que fue “disparatada e innecesaria la idea hacer una consulta sobre la gestión del agua,” algo que llevaría un gran coste a las arcas municipales.

El Consejo Consultivo de Andalucía archivó el expediente y la Junta de Andalucía informó de forma desfavorable. Posteriormente en marzo, el Consejo de Ministros denegó la consulta , no obstante, el Ayuntamiento recurrió ante el Tribunal Supremo, que finalmente ha sido rechazada, con la consecuente condena en costas. Todo ello repercutirá en más impuestos, debido al empecinamiento del alcalde de la localidad, Manuel Lucena (PP).

El colectivo señala que los vecinos no deben pagar los caprichos judiciales del alcalde, el gran coste del servicio jurídico y el elevado número de pleitos en los que está inmerso el Ayuntamiento, la mayoría de ellos contiendas personales contra algunos vecinos de la localidad, que son sufragados con los impuestos de todos los cogolleros.

Para paliar los gastos de este batacazo judicial y del inmenso caos económico del Consistorio, en el pleno de 30 de noviembre se modificaron tres ordenanzas fiscales para subir el IBI, la Tasa de basura y el Impuesto de Circulación de Vehículos.

El colectivo tacha de equivocada la Política de subir impuestos dictada por la delegada de Economía y Hacienda, Concepción Romero (PP), será una subida brutal que causará un gran perjuicio a la economía de todos los ciudadanos de la localidad.

Según la asociación “los ciudadanos no tienen por qué pagar el despilfarro diario y el capricho del alcalde de hacer una consulta popular”, y solicitarán conocer el gasto en costas procesales para exigir que sean pagadas por todos los concejales que votaron a favor de recurrir al alto tribunal en lugar de cargarlas a los ciudadanos subiendo impuestos.

La Asociación Cívica como fuerza representativa de los intereses vecinales no descarta movilizarse con una manifestación para que las costas del 'referéndum' del agua sean pagadas por los que votaron a favor en pleno y echen marcha atrás la disparatada y excesiva subida de impuestos, aprobada en noviembre, que consideran un ataque al bolsillo de todas las familias de Cogollos Vega.

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